Lenia Batres propone a la SCJN negar amparo a García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, mientras su extradición desde Estados Unidos sigue pendiente
La ministra Lenia Batres presentó un proyecto ante la Suprema Corte para que se rechace el amparo que protege al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que podría reactivar su orden de aprehensión y avanzar en su posible extradición desde Estados Unidos.

La ministra Lenia Batres Guadarrama presentará ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto para rechazar el amparo promovido por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas.
De aprobarse, la resolución permitiría que quede firme la orden de aprehensión librada por un juez federal por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este caso ha estado en discusión desde 2022 y ha generado diversas decisiones judiciales, recursos de la Fiscalía General de la República y revisiones por parte de tribunales superiores.
A continuación, se explican los antecedentes, qué está en juego y cómo podría afectar la decisión de la Corte.
¿Qué se decidirá y por qué importa?
El próximo martes, la ministra Batres presentará al Pleno de la SCJN el proyecto de sentencia en el amparo en revisión 435/2025.
En él propone que el tribunal niegue la protección federal a García Cabeza de Vaca, lo que significa que la orden de aprehensión contra él vuelva a estar vigente.
En términos simples, un amparo es un recurso legal que puede impedir la ejecución de actos como una orden de arresto si se considera que se violaron derechos constitucionales.
Si la Corte sigue la propuesta de Batres, esos efectos desaparecerían y la justicia mexicana podría proceder. Esto podría abrir la puerta a acciones para ejecutar la orden judicial en su contra, incluso con apoyo internacional.
¿Cuál es el origen del caso?
El proceso legal inició con denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la FGR.
Con base en esas acusaciones, en 2021 la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados que retirara el fuero constitucional de García Cabeza de Vaca, lo cual se aprobó.
Posteriormente, en 2022 un tribunal federal libró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esa orden fue impugnada, y una jueza federal concedió un amparo al exgobernador para impedir su captura, lo que generó un largo proceso de recursos y revisiones.

¿Qué ha pasado con la extradición desde Estados Unidos?
Mientras el proceso judicial en México ha avanzado, García Cabeza de Vaca ha permanecido en territorio estadounidense.
Según reportes, desde abril de 2024 Estados Unidos mantiene congelada la solicitud mexicana de detención provisional y extradición, y no ha sido presentado ante una corte federal en ese país para enfrentar el proceso de extradición.
Esto significa que aunque en México pudiera aprobarse la validez de la orden de aprehensión, la ejecución de una detención dependería de acuerdos internacionales y de la postura de las autoridades estadounidenses.
¿Qué ha dicho la Corte sobre este tipo de amparos?
Este caso no es aislado. En meses recientes, la SCJN ha participado en otras revisiones de amparos relevantes y en la aplicación rigurosa de controles constitucionales.
En el caso de Salinas Pliego, por ejemplo, se determinó que la ministra Batres no podía votar en un caso específico por posible falta de imparcialidad, lo que refleja que el tribunal vigila el cumplimiento de principios constitucionales en este tipo de procesos.
¿Qué ocurre si la Corte aprueba la propuesta?
Si la mayoría de ministros aprueba el proyecto de Batres:
- La orden de aprehensión quedaría firme y sin la protección del amparo.
- La FGR podría solicitar medidas para ejecutar la orden contra García Cabeza de Vaca en cuanto se cumplan las circunstancias legales.
- Dependiendo de acuerdos internacionales, podrían intensificarse solicitudes de extradición desde Estados Unidos.
Este desenlace podría marcar un momento clave en el control judicial de altos funcionarios investigados por delitos federales.
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