Inhabilitan a juez federal por resoluciones fuera de la ley en expedientes vinculados con el entorno de García Cabeza de Vaca, en medio de investigaciones por huachicol fiscal y operaciones financieras irregulares

MÉXICO — La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) determinó inhabilitar por un año a un juez federal por incurrir en faltas graves que, según el organismo, afectaron la administración de justicia en resoluciones relacionadas con el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La decisión se tomó tras analizar una queja presentada en abril de 2024 por un diputado federal. La información fue difundida mediante comunicado oficial del Tribunal de Disciplina Judicial, que explicó el alcance de la sanción y los motivos del procedimiento, de acuerdo con La Jornada.

La sanción de inhabilitación impide al juzgador desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante un año, además de participar en contratos, adquisiciones o servicios con el gobierno. El órgano disciplinario sostuvo que las irregularidades fueron graves y sistemáticas, no hechos aislados.

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¿Por qué se sancionó al juez federal?

La Comisión de Disciplina concluyó que el juez incurrió en irregularidades graves al emitir resoluciones que contravenían la ley y al ignorar elementos esenciales de los expedientes.El presidente de la comisión, Rufino H. León Tovar, precisó:

“no se sancionó el criterio jurisdiccional del juzgador, sino la emisión de resoluciones en contravención del texto de la ley e ignorar constancias de los autos de carácter esencial”.

El organismo detalló que el procedimiento se originó por una denuncia de falta de profesionalismo, notoria ineptitud y descuido en el ejercicio del cargo, presentada inicialmente ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal.

Resoluciones que favorecieron al exgobernador

De acuerdo con la investigación, el juez emitió resoluciones en juicios de amparo que favorecieron a personas vinculadas con el entorno del exgobernador, lo que permitió evitar detenciones o suspender procedimientos administrativos.

Entre las conductas analizadas se encuentra la concesión de una suspensión definitiva para que una autoridad municipal expidiera una constancia de residencia, sin verificar que el solicitante cumpliera los requisitos legales.La comisión señaló que el juzgador actuó con desvío de la legalidad al otorgar la medida sin corroborar que la persona fuera habitante del municipio ni cumpliera con el Código Municipal correspondiente.

Desacato a jurisprudencia de la SCJN

El expediente también documenta que el juez otorgó suspensiones provisionales y definitivas que impidieron la separación del cargo de un funcionario estatal y frenaron procedimientos administrativos en su contra.Según el TDJ, estas resoluciones contravinieron jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, en otro amparo, el juzgador concedió una suspensión para que el quejoso no fuera detenido, no perdiera derechos político-electorales y no fuera considerado prófugo de la justicia.Para la comisión, estas decisiones evidenciaron errores inexcusables y un patrón de actuaciones contrarias a las normas que rigen la función judicial.

Sanción y contexto del caso

La resolución indica que las faltas acreditadas no fueron aisladas, sino parte de un conjunto de decisiones que impactaron procedimientos judiciales e incluso asuntos vinculados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal explicó que el juez ya había sido dado de baja en agosto de 2025, pero aun así se determinó imponer la inhabilitación por un año como sanción formal.

León Tovar señaló en el comunicado:

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“estas conductas no pueden entenderse como diferencias interpretativas, ni como equivocaciones menores, sino como infracciones que lesionan directamente la confianza pública en el Poder Judicial y exigen consecuencias claras y proporcionales”.

Qué significa la inhabilitación y qué sigue

La inhabilitación implica que el sancionado no podrá ocupar cargos públicos ni participar en contratos con el gobierno durante el periodo establecido. El TDJ subrayó que la medida busca proteger la legalidad y reforzar la confianza en el sistema de justicia.El presidente de la comisión reiteró:

“la legalidad es el límite de la función jurisdiccional y no habrá espacio para la impunidad ni privilegios de jerarquía cuando se transgreda la ley”.

Con esta resolución, el Tribunal de Disciplina Judicial envía un mensaje sobre el control interno en el Poder Judicial y las consecuencias para quienes incurran en faltas graves en el ejercicio de su función.

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