México prohíbe vapeadores y activa penas de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 234 mil pesos
De acuerdo con los documentos publicados en el DOF, estas actividades quedan prohibidas por considerarse contrarias al derecho constitucional a la protección de la salud.

México dio un paso definitivo en su política de salud pública. A partir de este 16 de enero de 2026, entró en vigor una reforma que eleva a nivel constitucional la prohibición de vapeadores, cigarros electrónicos y sistemas análogos.
La medida no solo modifica la Ley General de Salud, sino que también adiciona párrafos a los artículos 4° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el argumento de garantizar el derecho a la protección de la salud.
La información fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fuente oficial del gobierno federal, donde se establecen las nuevas reglas y sanciones.
En paralelo, reportes de TELEDIARIO documentaron que, pese a la entrada en vigor de la reforma, estos productos continúan vendiéndose abiertamente en algunos puntos de la Ciudad de México.

¿Qué se prohibió exactamente a partir del 16 de enero de 2026?
La reforma establece la prohibición total de cualquier actividad relacionada con vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos similares.
La ley declara ilegal:
- La fabricación
- La distribución
- La venta
- La importación y exportación
- El comercio en general
- La industria y cualquier trabajo vinculado a estos productos
De acuerdo con los documentos publicados en el DOF, estas actividades quedan prohibidas por considerarse contrarias al derecho constitucional a la protección de la salud.
¿Por qué esta prohibición llegó hasta la Constitución?
El decreto señala que el objetivo central es fortalecer el derecho a la salud de las personas.
Al integrarse a los artículos 4° y 5° constitucionales, la prohibición deja de ser solo una regulación sanitaria y se convierte en un principio de rango constitucional.
Esto permite al Estado no solo regular, sino sancionar de manera directa cualquier profesión, industria o comercio relacionado con vapeadores y sistemas electrónicos de administración de nicotina.
¿Qué sanciones contempla la nueva ley?
Las consecuencias legales para quienes incumplan la norma son de carácter penal y económico.
De acuerdo con lo publicado en el DOF:
- Las penas de prisión van de 1 a 8 años.
- Las multas van de 100 a 2,000 UMAs (Unidades de Medida y Actualización).
Con el valor vigente de la UMA, esto representa:
- Una multa mínima aproximada de 11,731 pesos.
- Sanciones que pueden alcanzar alrededor de 234,620 pesos, en los casos más graves.
Estas sanciones aplican a quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen estos productos.
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¿Me pueden multar o meter a la cárcel por usar un vapeador?
La reforma se enfoca de manera directa en las actividades económicas y profesionales.
Las sanciones de cárcel y multas están dirigidas principalmente a:
- Fabricantes
- Vendedores
- Distribuidores
- Importadores
- Comerciantes
El texto legal no se centra en castigar al consumidor final, sino en erradicar el mercado que sostiene estos dispositivos.
No obstante, las autoridades sanitarias y de seguridad podrán asegurar productos y actuar contra puntos de venta.
Si ya es ilegal, ¿por qué siguen vendiéndose vapeadores?
Pese a la entrada en vigor de la reforma, la implementación enfrenta retos inmediatos.
Un recorrido realizado por TELEDIARIO en la alcaldía Cuauhtémoc, en zonas como el Barrio Chino y alrededores de la Alameda Central, documentó que vapeadores y cigarros electrónicos continúan ofreciéndose en puestos semifijos, con variedad de sabores y marcas, sin restricciones visibles.
Esto refleja un desfase entre la publicación de la ley y su aplicación en campo, situación que autoridades deberán atender mediante operativos, aseguramientos y procesos judiciales.
¿Qué busca el gobierno con esta prohibición?
De acuerdo con los argumentos expuestos en la reforma, la prohibición tiene como finalidad:
- Proteger la salud de la población.
- Evitar el acceso a dispositivos asociados con consumo de nicotina y otras sustancias.
- Impedir la normalización del vapeo, especialmente entre menores de edad.
- Eliminar la industria que sostiene estos productos en el país.
La inclusión en la Constitución busca dar sustento legal más amplio a políticas de control, vigilancia y sanción.
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