México prohíbe vapeadores y activa penas de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 234 mil pesos

México dio un paso definitivo en su política de salud pública. A partir de este 16 de enero de 2026, entró en vigor una reforma que eleva a nivel constitucional la prohibición de vapeadores, cigarros electrónicos y sistemas análogos.

La medida no solo modifica la Ley General de Salud, sino que también adiciona párrafos a los artículos 4° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el argumento de garantizar el derecho a la protección de la salud.

La información fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fuente oficial del gobierno federal, donde se establecen las nuevas reglas y sanciones.

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En paralelo, reportes de TELEDIARIO documentaron que, pese a la entrada en vigor de la reforma, estos productos continúan vendiéndose abiertamente en algunos puntos de la Ciudad de México.

¿Qué se prohibió exactamente a partir del 16 de enero de 2026?

La reforma establece la prohibición total de cualquier actividad relacionada con vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos similares.

La ley declara ilegal:

• La fabricación
• La distribución
• La venta
• La importación y exportación
• El comercio en general
• La industria y cualquier trabajo vinculado a estos productos

De acuerdo con los documentos publicados en el DOF, estas actividades quedan prohibidas por considerarse contrarias al derecho constitucional a la protección de la salud.

¿Por qué esta prohibición llegó hasta la Constitución?

El decreto señala que el objetivo central es fortalecer el derecho a la salud de las personas.

Al integrarse a los artículos 4° y 5° constitucionales, la prohibición deja de ser solo una regulación sanitaria y se convierte en un principio de rango constitucional.

Esto permite al Estado no solo regular, sino sancionar de manera directa cualquier profesión, industria o comercio relacionado con vapeadores y sistemas electrónicos de administración de nicotina.

¿Qué sanciones contempla la nueva ley?

Las consecuencias legales para quienes incumplan la norma son de carácter penal y económico.

De acuerdo con lo publicado en el DOF:

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• Las penas de prisión van de 1 a 8 años.
• Las multas van de 100 a 2,000 UMAs (Unidades de Medida y Actualización).

Con el valor vigente de la UMA, esto representa:

• Una multa mínima aproximada de 11,731 pesos.
• Sanciones que pueden alcanzar alrededor de 234,620 pesos, en los casos más graves.

Estas sanciones aplican a quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen estos productos.

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¿Me pueden multar o meter a la cárcel por usar un vapeador?

La reforma se enfoca de manera directa en las actividades económicas y profesionales.

Las sanciones de cárcel y multas están dirigidas principalmente a:

• Fabricantes
• Vendedores
• Distribuidores
• Importadores
• Comerciantes

El texto legal no se centra en castigar al consumidor final, sino en erradicar el mercado que sostiene estos dispositivos.

No obstante, las autoridades sanitarias y de seguridad podrán asegurar productos y actuar contra puntos de venta.

Si ya es ilegal, ¿por qué siguen vendiéndose vapeadores?

Pese a la entrada en vigor de la reforma, la implementación enfrenta retos inmediatos.

Un recorrido realizado por TELEDIARIO en la alcaldía Cuauhtémoc, en zonas como el Barrio Chino y alrededores de la Alameda Central, documentó que vapeadores y cigarros electrónicos continúan ofreciéndose en puestos semifijos, con variedad de sabores y marcas, sin restricciones visibles.

Esto refleja un desfase entre la publicación de la ley y su aplicación en campo, situación que autoridades deberán atender mediante operativos, aseguramientos y procesos judiciales.

¿Qué busca el gobierno con esta prohibición?

De acuerdo con los argumentos expuestos en la reforma, la prohibición tiene como finalidad:

• Proteger la salud de la población.
• Evitar el acceso a dispositivos asociados con consumo de nicotina y otras sustancias.
• Impedir la normalización del vapeo, especialmente entre menores de edad.
• Eliminar la industria que sostiene estos productos en el país.

La inclusión en la Constitución busca dar sustento legal más amplio a políticas de control, vigilancia y sanción.