Iniciativa de Diputados propone reformar ley para garantizar educación, salud y apoyo psicosocial ante altas tasas de embarazos en adolescentes

La diputada federal Ana Isabel González González presentó una iniciativa que busca obligar al Estado a diseñar y ejecutar políticas públicas específicas para atender las necesidades de niñas y adolescentes en situación de embarazo, con el objetivo de garantizar sus derechos y romper el ciclo de vulnerabilidad que genera la maternidad temprana.

La propuesta, que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para su análisis.

Un enfoque integral de derechos y corresponsabilidad estatal

La reforma plantea que las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, estén obligadas a implementar acciones con enfoque de derechos humanos, equidad y protección integral. Estas políticas deberán asegurar el acceso efectivo a:

México

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• Educación: Garantizando la continuidad y reintegración escolar, con mecanismos flexibles y apoyo específico.
• Salud: Acceso a servicios médicos, nutrición adecuada y atención psicológica especializada.
• Acompañamiento psicosocial: Apoyo emocional y orientación para la adolescente y su entorno familiar.
• Protección contra la discriminación: En todos los ámbitos, especialmente en centros educativos y de salud.

La iniciativa subraya que estas acciones deberán observar, en todo momento, el interés superior de la niña o adolescente y, de manera simultánea, el de sus hijas e hijos, promoviendo la corresponsabilidad institucional para evitar que la atención recaiga únicamente en la joven madre.

En su exposición de motivos, la legisladora priista sostiene que el embarazo adolescente es una problemática compleja que impacta significativamente la salud, el desarrollo personal, la educación y las perspectivas de vida de las y los jóvenes.

Citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que revelan la magnitud del reto: en México nacen aproximadamente 340 mil bebés de madres menores de 19 años cada año, lo que posiciona al país con una de las tasas más altas de gestación temprana en América Latina y entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

González González argumentó que el fenómeno no solo tiene repercusiones en la salud física, sino que también limita las oportunidades educativas y laborales, perpetúa ciclos de pobreza y expone a las jóvenes a estigmatización social.

Reconociendo las causas estructurales

La iniciativa va más allá de la atención reactiva y aborda las causas raíz; señala que factores como la violencia sexual, las dinámicas de poder desiguales, la coerción, la dependencia económica y los estereotipos de género que idealizan la maternidad temprana son determinantes cruciales.

Por ello, la propuesta enfatiza la necesidad de un enfoque intersectorial que combine la atención inmediata con la prevención, a través de la educación sexual integral, y que incorpore las perspectivas de género e interculturalidad.

“Para que estos apoyos sean efectivos”, precisa el documento, “deben atenderse tanto las necesidades materiales como emocionales, educativas y sociales de las madres adolescentes, con un enfoque de equidad y derechos humanos”.

La iniciativa se discutirá en comisiones en las próximas semanas, donde se espera el análisis y las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, organismos autónomos como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y organizaciones de la sociedad civil especializadas.