A pesar de que el matrimonio infantil fue prohibido en 2019 y catalogado como violencia de género, 237,175 niñas y adolescentes viven en uniones tempranas en México
La prohibición legal no ha sido suficiente. Factores como pobreza, usos y costumbres, y falta de oportunidades mantienen viva una práctica con severas consecuencias en salud y educación para las adolescentes.

Tras años de prohibirse el matrimonio infantil en México, el fenómeno persiste de manera alarmante bajo formas menos visibles.
De acuerdo con cimacnoticias, actualmente, 237,175 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años se encuentran casadas o en uniones tempranas, según el último Censo de Población.
Ante esta realidad, las autoridades nacionales y estatales de protección a la infancia emitieron un posicionamiento categórico: estas uniones constituyen una “grave vulneración a los derechos humanos” y una forma de violencia de género, que no pueden justificarse por usos, costumbres, pobreza o embarazo.
¿Qué son las uniones tempranas y forzadas?
Se refieren a cualquier arreglo formal o informal en el que al menos una de las personas es menor de 18 años.
El Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) es claro: “ninguna forma de unión antes de los 18 años es aceptable”.
Estas prácticas, que afectan de manera abrumadora a las mujeres (por cada hombre en esa situación hay tres niñas o adolescentes), están ligadas a:
- Abandono escolar.
- Embarazo adolescente.
- Exposición a múltiples violencias.
- Restricción severa de oportunidades de desarrollo.
Pronunciamiento conjunto contra las uniones tempranas de niñas, niños y adolescentes. 👉 https://t.co/U5AtnwbIAp 👈 #SomosSipinna #niñas #niños #adolescentes @SEGOB_mx @mujeresgobmx pic.twitter.com/lQ0mCSymL2
— Sipinna (@SIPINNA_MX) February 6, 2026
El marco legal: una prohibición con fisuras
En 2019, una reforma al Código Civil Federal estableció los 18 años como edad mínima absoluta para contraer matrimonio, eliminando las dispensas legales.
Esta modificación siguió a un fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el matrimonio infantil.
Sin embargo, persiste un vacío crítico:
- Uniones informales: 94% de los casos en 2020 correspondían a uniones no formalizadas (como el “robo” o “pedida” de la novia en algunas comunidades), las cuales son más difíciles de rastrear y perseguir.
- Excepción en Yucatán: Es el único estado que aún permite dispensas mediante autorización del Poder Ejecutivo local, lo cual significa que puede exonerarse a un particular de cumplir esta ley.
- Aplicación dispar: Un informe sombra presentado ante la ONU en 2025 advierte que “incluso en los estados donde se ha prohibido, este se realiza sin dificultad”.
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Las consecuencias en la vida de las niñas
Los datos revelan un impacto devastador en su salud, educación y seguridad:
- Salud: El 33% de las adolescentes casadas y madres no tienen afiliación a servicios de salud. Las complicaciones en el embarazo son la sexta causa de muerte en adolescentes de 15 a 17 años.
- Educación: Las niñas casadas antes de los 14 años tienen un riesgo mucho mayor de dejar la escuela que los niños en la misma situación.
- Violencia: Estas uniones las exponen a violencia doméstica, sexual, obstétrica y a una sobrecarga de trabajo de cuidados. El 70% de las que fueron madres antes de los 14 años probablemente enfrentaron violencia sexual.
Factores que perpetúan la práctica
Las causas son estructurales y se superponen:
- Pobreza y falta de recursos: En muchos casos, la unión se ve como una estrategia para reducir la carga económica familiar.
- Normas de género y tradiciones: Persisten ideas que asignan a las mujeres roles de madre y cuidadora desde temprana edad, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
- Falta de oportunidades: La limitada oferta educativa y laboral para las adolescentes en muchas comunidades cierra alternativas.
El compromiso de las autoridades y los retos
Las Secretarías Ejecutivas del SIPINNA anunciaron un plan de acción basado en:
- Armonizar y aplicar cabalmente las leyes en todos los estados.
- Promover el acceso y permanencia en la educación.
- Impulsar la educación integral en sexualidad.
- Fortecer los mecanismos de protección.
El desafío es enorme. Se requiere no solo de la aplicación estricta de la ley, sino de un trabajo profundo con comunidades, familias y líderes para cambiar normas sociales, ofrecer alternativas reales de vida a las adolescentes y priorizar, por encima de cualquier costumbre, su derecho a una vida libre de violencia y a decidir su propio futuro.
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