Tres presuntos defraudadores ya son vinculados a proceso en Chiapas: prisión preventiva por fraude millonario y asociación delictuosa desde 2018

Chiapas. — El 19 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Paola “N”, Marco “N” y Luis “N”, señalados como presuntos responsables de los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa. Los hechos se remontan al año 2018, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y habrían afectado a varias personas y a la operadora Levita S. de R.L.

Fraude y afectaciones a particulares

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían participado en actos de fraude genérico, causando perjuicio a Julio “N”, Marisol “N”, Ivette “N”, Limberg “N”, así como a la empresa mencionada y otras personas. La Fiscalía presentó las pruebas ante el Juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra.

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La resolución judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con el objetivo de garantizar la presencia de los acusados durante el procedimiento y evitar riesgos procesales. Además, se fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, en la que se recabarán más pruebas y testimonios.

Medidas cautelares y proceso judicial

La decisión del juez representa un paso importante en el combate a los delitos de fraude y asociación delictuosa, que suelen afectar tanto a particulares como a empresas. La medida de prisión preventiva busca asegurar que los imputados no evadan la acción de la justicia mientras se desarrolla la investigación.

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La Fiscalía destacó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes, en apego a la normatividad vigente.

Compromiso institucional

La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso con las y los chiapanecos de garantizar Cero Impunidad, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y asegurando que los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las personas sean perseguidos con firmeza.