Regularizó su auto “chocolate”, pagó todo a través de intermediarios y, con documentos en mano, se atrevió a pasar la frontera, pero fue detenida en la aduana, donde le aseguraron que su auto seguía siendo ilegal; autoridades creen que el 80% de casos estarían igual
Para quienes hoy tienen un auto “regularizado”, el llamado es a revisar cuidadosamente la fecha real de ingreso y el pedimento, y desconfiar de intermediarios que prometen soluciones rápidas sin sustento legal.
En la frontera norte de México, miles de familias vieron en el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera una oportunidad para dar certeza legal a los llamados autos “chocolate”.
El esquema, impulsado en enero de 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, prometía ordenar un problema histórico: millones de vehículos ingresados al país sin un proceso formal de importación.
Sin embargo, a casi cuatro años de su arranque, los testimonios y datos muestran un panorama más complejo.
Hay personas que pagaron, cumplieron con trámites visibles y hoy siguen enfrentando riesgos legales.
El caso de Ofelia Caballero, en Reynosa, Tamaulipas, es uno de ellos, de acuerdo con un reporte de El Universal.
Pagar no siempre significa quedar legal
Ofelia Caballero, madre de familia y trabajadora de una maquiladora en Reynosa, compró un Nissan Sentra 2014 en Estados Unidos. Como muchos en la región, decidió regularizarlo mediante el programa federal.
Para hacerlo, recurrió a una “agencia” que encontró en redes sociales. El costo total rondó los 7 mil pesos:
- 2 mil pesos por el servicio de gestión.
- 2 mil 500 pesos para el Registro Público Vehicular (Repuve).
- 2 mil 497 pesos para placas, tarjeta de circulación y engomado.
El trámite, según relata, quedó listo en menos de una semana. Con los documentos en mano, Ofelia cruzó a Estados Unidos con su familia. Al regresar a Reynosa, fue detenida en la aduana.
Durante la revisión, las autoridades detectaron que el pedimento —el documento que acredita la fecha de ingreso del vehículo al país— marcaba el 6 de mayo de 2023, muy posterior al límite permitido por el programa: 19 de octubre de 2021.
Para las autoridades, el auto seguía siendo ilegal.
“Me dijeron que era contrabando”
Ofelia recuerda ese momento como uno de los más difíciles del proceso.
Me dijeron que el pasar con auto así era como pasar productos o artículos indebidos, es decir, contrabando; que podrían multarme con el doble del valor del vehículo y que, definitivamente, me podían quitar el carro”.
Aunque en esa ocasión le permitieron regresar a Reynosa, la advertencia fue clara: el vehículo no podía volver a cruzar la frontera ni salir de la ciudad.
Batallé para poder pagar y, desde mi punto de vista, todo mi trámite fue legal”, dice.
Hoy, su auto tiene placas, tarjeta de circulación y aparece en Repuve, pero no cumple con el requisito clave del decreto.
La agencia que la asesoró desapareció y ella solo puede usar el vehículo dentro de la ciudad.
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¿Cuál era el requisito central del programa?
El decreto federal estableció condiciones muy específicas para poder regularizar un auto de procedencia extranjera. Entre las más importantes estaban:
- Que el vehículo hubiera ingresado a México antes del 19 de octubre de 2021.
- Que tuviera ocho años o más de antigüedad.
- Que no contara con reporte de robo en México o Estados Unidos.
- Que la documentación presentada fuera original y verídica.
La fecha de ingreso era el punto clave. Sin cumplirla, el vehículo no podía considerarse legal, aunque tuviera placas o estuviera inscrito en Repuve.
Una cifra alarmante: 80% seguiría siendo ilegal
Hugo Jofre, presidente de la Asociación de Importadores en Reynosa, ofrece una visión más amplia del problema. De acuerdo con sus estimaciones, 80% de los 4 millones de vehículos regularizados a nivel nacional continúan siendo ilegales.
En Tamaulipas, calcula, esta situación afecta a unos 400 mil autos.
La gente sabía que la fecha de importación era muy importante, lo que dio paso a la falsificación o modificación de títulos o cambiar papelería”, explicó.
A esto se sumó la proliferación de servicios ofrecidos en redes sociales, muchos de ellos sin respaldo legal.
“Fue una reverenda corrupción”
Jofre no duda en calificar lo ocurrido durante la operación del programa.
Fue una reverenda corrupción porque todos querían ganar a costa de la necesidad de otras personas”.
Según su testimonio, al inicio del programa las autoridades revisaban con extremo cuidado cada documento. Con el paso del tiempo, esa vigilancia se relajó.
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Checaron con lupa los títulos, puntos y comas. ¿Cómo es posible que de pronto negaran el trámite a los que iban bien para obligarlos a irse por otro camino con otras personas?”.
Afirma que hubo casos en los que Repuve negó trámites correctos y permitió registros de vehículos que no cumplían los requisitos.
La responsabilidad también recayó en los dueños
El dirigente reconoce que muchos propietarios aceptaron avanzar pese a las irregularidades.
Cada solicitante debía firmar un documento “bajo protesta de decir verdad” donde afirmaba que:
- El vehículo ingresó antes del 19 de octubre de 2021.
- El título era original.
- La unidad no era robada.
La autoridad ha sido paciente, pero se abusó”, señaló Jofre.
¿Qué pasa hoy con esos vehículos?
De acuerdo con la Asociación de Importadores, muchos autos ya han sido decomisados o sus dueños han recibido multas al detectarse que no cumplieron con el decreto.
En otros casos, los propietarios buscan una segunda regularización, lo que implica un doble gasto.
Muchas personas se acercaron a nosotros luego para volver a regularizarlo”, explicó.
La única vía segura actualmente
La recomendación actual para quienes están en esta situación es clara: importar el vehículo de manera formal.
Esto implica:
- Llevar el auto a Estados Unidos.
- Realizar el proceso legal de importación con un importador autorizado.
- Cumplir con todos los filtros fiscales y aduanales.
El costo estimado, según Jofre, va de 20 mil a 45 mil pesos, dependiendo del tipo de vehículo.
Lo que deja el programa
El programa de regularización permitió a muchas personas obtener documentos visibles para circular, pero no siempre garantizó seguridad jurídica real.
Casos como el de Ofelia muestran que tener placas y Repuve no equivale automáticamente a estar en regla ante la ley federal.
Para quienes hoy tienen un auto “regularizado”, el llamado es a revisar cuidadosamente la fecha real de ingreso y el pedimento, y desconfiar de intermediarios que prometen soluciones rápidas sin sustento legal.
La experiencia demuestra que, en este tema, pagar un trámite no siempre significa quedar protegido.
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