FGR va por 2 exfuncionarios de Pemex por autorizar la pensión vitalicia de 125 mil pesos al mes de María Amparo Casar, presidenta de MCCI, luego de que su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, se lanzó del piso 12 de un edificio de la sede principal de la petrolera
Marco Antonio Murillo Soberanis, quien era gerente corporativo de Recursos Humanos de Pemex, instruyó a Miguel Ángel Feijóo para que realizara los trámites necesarios para el pago de la pensión y otros beneficios a María Amparo Casar luego de que su esposo muriera al caer del piso 12 de un edificio de Pemex, catalogado como suicidio.
La Fiscalía General de la República (FGR) avanzó en el proceso penal relacionado con la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó en 2004 a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), luego del fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.
El Ministerio Público Federal (MPF) tiene previsto formular cargos contra dos exfuncionarios de la paraestatal por su presunta participación en el procedimiento que permitió el pago de ese beneficio económico.
La información fue dada a conocer por La Jornada, con base en datos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
De acuerdo con el expediente judicial, el caso no solo involucra a Casar, sino también a Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez, quienes fungían como funcionarios de Pemex al momento de los hechos.
La acusación se basa en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
¿Qué resolvió el Poder Judicial y cuándo se formalizarán los cargos?
El PJF determinó recientemente qué juzgado federal será competente para conocer el caso, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito resolviera el tema de competencia el pasado 25 de noviembre.
Con esta definición, el MPF programó una audiencia para formalizar las imputaciones, la cual está prevista para el próximo martes.
En esa sesión, el juez de control dará a conocer a los imputados los hechos que la fiscalía considera constitutivos de delito.
¿Quiénes son los exfuncionarios señalados?
Además de María Amparo Casar, la carpeta de investigación incluye como coacusados a:
- Miguel Ángel Feijóo, quien en 2004 se desempeñaba como gerente de Administración Financiera de Pemex.
- Teresa Maldonado Ordóñez, entonces trabajadora de la Subgerencia de Recursos Financieros de la empresa.
Ambos habrían participado en el trámite administrativo que derivó en el pago de la pensión post mortem y otros beneficios a los familiares de Márquez Padilla.
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La muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla
Carlos Fernando Márquez Padilla García ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador de asesores del director de Administración.
El 7 de octubre de ese mismo año murió tras caer del piso 12 del edificio A de la sede central de la empresa.
Las investigaciones oficiales calificaron el hecho como suicidio. Tras su fallecimiento, se inició el procedimiento para otorgar una pensión post mortem a sus beneficiarios.
¿Cómo se otorgó la pensión vitalicia?
Según la carpeta de investigación iniciada por la entonces Fiscalía del Distrito Federal, Marco Antonio Murillo Soberanis, quien era gerente corporativo de Recursos Humanos de Pemex, instruyó a Miguel Ángel Feijóo para que realizara los trámites necesarios para el pago de la pensión y otros beneficios.
En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicó en conferencia matutina que María Amparo Casar solicitó formalmente la pensión y el pago del seguro el 15 de octubre de 2004.
Romero Oropeza subrayó la rapidez del procedimiento:
Los funcionarios de aquella época le pagaron (a Casar) el primer cheque de pensión el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido, falleció el 7 de octubre y el 29 ella recibió el primer pago de pensión”.
El monto de la pensión fue establecido en 125 mil pesos mensuales, un beneficio vitalicio que, de acuerdo con estimaciones oficiales, se ha pagado durante casi dos décadas.
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¿De qué se acusa a María Amparo Casar?
La FGR ha precisado que la investigación no se centra en el simple hecho de recibir la pensión, sino en la probable intervención de Casar en la solicitud o promoción indebida del beneficio.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contempla dos supuestos:
- Servidores públicos que otorguen autorizaciones o beneficios económicos de manera indebida.
- Particulares que soliciten o promuevan ese otorgamiento irregular.
La fiscalía considera que Casar podría encuadrar en este segundo supuesto.
La pena prevista en la ley va de seis meses a doce años de prisión, además de multa económica, aunque por la naturaleza del delito el proceso podría llevarse en libertad.
El conflicto legal reciente y la suspensión del pago
El caso cobró nueva relevancia en 2024, cuando Pemex suspendió el pago de la pensión al argumentar que la muerte de Márquez Padilla no correspondía a un accidente de trabajo.
Ante esa decisión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo. Un juez federal ordenó reactivar el pago en menos de 24 horas, al considerar que la pensión constituía un derecho adquirido que no podía suspenderse de forma unilateral.
Aunque ese juez posteriormente se declaró incompetente y turnó el asunto a otro tribunal, el pago fue restablecido.
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Postura del gobierno federal y debate público
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en diversas conferencias durante 2024. Señaló que, a su juicio, el caso era “a todas luces deshonesto” y sostuvo que se engañó al sistema al presentar la muerte como accidente laboral y no como suicidio.
Porque se engaña, como se lleva a cabo una investigación judicial y de principio a fin que se da este hecho lamentable… empiezan a decir, fue un suicidio”, declaró el mandatario.
López Obrador defendió su derecho a denunciar públicamente el caso y afirmó que callar lo haría cómplice.
¿Desde cuándo está judicializado el caso?
La FGR aclaró recientemente que la investigación penal fue judicializada desde septiembre, bajo la gestión del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, y no durante la administración de Ernestina Godoy.
En un comunicado, la fiscalía rechazó que exista persecución política y sostuvo:
Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna”.
Añadió que el MPF revisa la integración de la carpeta para verificar que se haya realizado conforme a Derecho.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La audiencia inicial permitirá al juez de control informar a los imputados los hechos que se les atribuyen y decidir si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
El caso se desarrollará de manera gradual y su resolución sentará un precedente relevante sobre la responsabilidad penal en el otorgamiento de pensiones y beneficios dentro de empresas del Estado, así como sobre el alcance del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades cuando involucra a figuras públicas.
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