Gildardo López Astudillo, señalado en el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denuncia nuevamente tortura en prisión federal; su amparo enfrenta un conflicto de competencia entre jueces de CDMX y Guanajuato

De acuerdo con La Jornada, Gildardo López Astudillo, conocido como “El Gil”, presunto líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos y uno de los principales señalados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha denunciado que es víctima de tortura física y psicológica en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12 en Guanajuato, donde se encuentra recluido. Esta información forma parte del expediente judicial consultado.

Para hacer frente a esta situación, inició un juicio de amparo, un recurso legal que busca proteger sus garantías individuales. Sin embargo, su demanda enfrenta un obstáculo procesal inusual: dos juzgados federales, uno en la Ciudad de México y otro en Guanajuato, han declinado su competencia para conocer el caso.

Ahora, un Tribunal Colegiado debe decidir qué autoridad judicial está obligada a atender sus reclamos, que incluyen acusaciones graves como incomunicación, aislamiento y menoscabo a su dignidad humana.

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La denuncia: “Incomunicación, segregación, tortura y tormento”

En su demanda de amparo, dirigida contra el director del penal, López Astudillo reclamó una serie de actos que, a su juicio, violan sus derechos fundamentales.

La lista de agravios, según el documento legal, incluye “incomunicación, segregación, aislamiento, menoscabo a la dignidad humana, integridad física, psicológica, tortura, tormento, pena inusitada y trascendental”.

Con estos términos, el interno describe el trato que afirma recibir dentro del centro penitenciario, lo que motivó la acción legal para buscar la protección de la justicia federal.

El conflicto judicial: ¿Qué juez debe atender el amparo?

El proceso legal ha topado con un problema de competencia territorial. Este es el recorrido de la demanda:

• El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo del juez Juan Carlos Alberto Rico Mondragón, declinó su competencia. Argumentó que, dado que el quejoso está preso en Guanajuato y los actos denunciados ocurren ahí, corresponde a un juez de ese estado conocer el caso, según lo establece la Ley de Amparo.
• Al ser turnada la demanda al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Guanajuato, este también decidió no aceptar la competencia de manera inmediata. El juez guanajuatense consideró que, antes de pronunciarse, el juez de la Ciudad de México debe “ordenar su ratificación”, pues los actos reclamados no derivan de un procedimiento penal común.
• Al no haber acuerdo, el caso fue enviado a un Tribunal Colegiado. Este órgano superior deberá resolver el “conflicto competencial” y determinar finalmente qué juzgado de distrito está obligado a estudiar la demanda de amparo de “El Gil”.

Antecedentes: Una liberación por tortura y una reaprehensión

La denuncia actual de tortura no es la primera que rodea a López Astudillo. Su historial judicial está marcado por estas acusaciones:

• Fue detenido en septiembre de 2015 por su presunta participación como autor intelectual en el caso Ayotzinapa.
• En 2019, salió de la cárcel después de que sus abogados lograron comprobar que había sido torturado para admitir su culpabilidad. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó su liberación.
• En 2024, fue reaprehendido y vinculado a proceso, esta vez por el delito de delincuencia organizada. Inicialmente fue enviado al Cefereso del Altiplano, en el Estado de México, antes de ser trasladado al centro penitenciario de Guanajuato donde ahora se encuentra.

El contexto: El caso Ayotzinapa y el compromiso gubernamental

La figura de “El Gil” está indisolublemente ligada a uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México. La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, Guerrero. El episodio resultó en seis muertos y la desaparición forzada de 43 jóvenes.

A casi una década de los hechos, solo se han identificado con certeza los restos de tres de los normalistas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su compromiso de avanzar en la investigación, explorando nuevas técnicas y la posible reinserción de expertos internacionales que cuenten con la confianza de las familias.

Mientras un Tribunal Colegiado resuelve qué juez debe conocer el amparo, las acusaciones de “El Gil” permanecen en espera de una investigación judicial formal, en el marco persistente de la búsqueda de justicia por Ayotzinapa.

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