Clausuran gasolineras en Colima por irregularidades: ya suman 129 cerradas en todo el país

Colima. — El jueves 2 de octubre de 2025, brigadas interinstitucionales encabezadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron verificaciones en seis estaciones de servicio en el estado de Colima, como parte del Operativo Extraordinario de Verificación que se ha desplegado en 24 entidades federativas.

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Durante la jornada, se inspeccionaron dos gasolineras en Manzanillo y cuatro en el municipio de Colima, bajo la supervisión de la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández. En tres de ellas, la ASEA impuso clausura temporal total por no presentar el resolutivo vigente en impacto ambiental, requisito indispensable para operar legalmente.

Dinero

122 gasolineras clausuradas por irregularidades: Profeco y ASEA detectan fraudes en litros de gasolina en 22 estados

Litros incompletos y fallas ambientales

El operativo busca garantizar que las estaciones de servicio despachen litros completos de gasolina, cumplan con las medidas de seguridad y respeten la normativa ambiental. Desde el inicio de esta estrategia nacional, se han visitado 159 gasolineras, de las cuales 129 han sido clausuradas por diversas irregularidades.

Entre las causas más frecuentes se encuentran la venta de litros incompletos, reportes electrónicos que no coinciden con las bitácoras y deficiencias evidentes en los instrumentos de medición. En total, se han inmovilizado 655 instrumentos, lo que refleja una problemática persistente en el sector.

Denuncias ante la Fiscalía por fraude al consumidor

En 38 casos, la merma detectada superó los 300 mililitros por cada 20 litros de combustible, lo que motivó la interposición de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada por instituciones como la Secretaría de Energía (Sener), la Guardia Nacional, Pemex y la Comisión Nacional de Energía.

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Con este despliegue, el gobierno federal reafirma su compromiso de proteger los derechos del consumidor, garantizar la transparencia en el suministro de combustibles y sancionar a quienes incumplen con la ley.