Lenia Batres y la nueva SCJN frenan pago millonario a familia de Torreón por tierras expropiadas en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se autodenomina como la “ministra del pueblo”, presentó un proyecto que frenó el pago de 63.9 millones de pesos a la familia Ayala de Torreón, Coahuila, cuyos terrenos fueron ocupados por el gobierno federal desde 2018.

De acuerdo con el medio Político, este fallo dejó sin efecto las sanciones contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y devolvió el expediente al juez de distrito, bajo el argumento de que la autoridad ya había realizado “actos tendentes al cumplimiento” y que no existía desacato.

Con ello, el gobierno federal mantiene el uso de 423 hectáreas expropiadas sin liquidar la indemnización reconocida judicialmente.

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La postura de Lenia Batres

Batres argumentó que debía protegerse el presupuesto público. En lugar de garantizar el pago inmediato a los afectados, su proyecto privilegió la defensa de los recursos federales, según detalla el medio.

Esto contrastó con la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien planteó ordenar a la Sedatu cubrir la deuda en un mes:

Por este motivo considero que, si en autos el último avalúo realizado por el comité técnico de evaluación de la Secretaría vencido el 9 de mayo de 2025, cuyo monto asciende a 63 millones 915 mil 901 pesos, este Alto Tribunal debe vincular a la autoridad para que en un término máximo de 30 días cubra dicha cantidad a favor de la quejosa”.

La historia de la familia Ayala, afectados por la resolución de la Corte

• El predio conocido como Las Noas pertenecía a Otilio Rodrigo Ayala Sepúlveda y después pasó a su hijo, Otilio Enrique Ayala Rodríguez.
• En 2018, la Sedatu expropió 423 hectáreas para proyectos federales de desarrollo.
• En 2019, un juez de distrito concedió un amparo para obligar a la autoridad a continuar el procedimiento de indemnización.
• En 2021, el Indaabin fijó la compensación en 385 millones de pesos.
• Pese a ello, el pago nunca se concretó y la disputa llegó hasta la Suprema Corte.

¿Qué implica la decisión de la Corte?

El proyecto de Batres anuló las multas contra funcionarios de la Sedatu y devolvió el caso al juez de distrito para analizar la vigencia del avalúo.

• A favor del gobierno federal: Se evita un pago inmediato millonario y se protege el presupuesto.
• En contra de los particulares: La familia Ayala permanece sin indemnización después de siete años de litigio.
• Efecto inmediato: Se prolonga la incertidumbre legal sobre la compensación de los terrenos.

Por qué ‘resuena’ este caso

La decisión de la Corte pone en tensión dos principios:

• El derecho de los particulares a recibir una indemnización justa por expropiaciones.
• La protección de los recursos públicos frente a pagos inmediatos que puedan afectar el presupuesto federal.

La resolución marca un precedente relevante, ya que abre la puerta a que otros procesos de expropiación en México enfrenten retrasos prolongados en el pago a los dueños originales de la tierra.

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