¿Ministros a juicio político? Esto podría pasarles por fallo sobre Reforma Judicial

CIUDAD DE MÉXICO — Con 8 votos a favor y 3 en contra, ministros de la Suprema Corte de Jusiticia de la Nación aceptaron una controversia sobre la Reforma al Poder Judicial, que busca reducir el número e ingreso de los ministros, así como que puedan ser elegidos y evaluados junto a magistrados y jueces.

Con esta determinación revisarán y analizarán la Reforma, sin embargo temen que esto permita que la detengan, pues con ello violaría el principio de supremacía constitucional y la separación de poderes, como acusa la ministra Lenia Batres.

Esta decisión ha sido calificada como “un golpe de estado” ya que señalan que la SCJN está pasando por encima de los otros poderes, legislativo y ejecutivo, lo que supone una violación constitucional.

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¿Qué podría pasarles a los ministros de la SCJN por la controversia sobre la Reforma Judicial?

El jurista y ex abogado General de la Universidad Autonóma de México (UNAM), Eduardo Andrade, señaló que una posible sanción para los ministros de la Suprema Corte sería que puedan acabar en juicio político.

Es posible que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenten un juicio político debido a su determinación sobre la reforma judicial.

De acuerdo con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ministros de la SCJN pueden ser sujetos de juicio político.

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El senador Ricardo Monreal advirtió en mayo de 2024 que el Congreso tiene facultades de control sobre la Suprema Corte y que los ministros podrían ser llevados a juicio político. Además, legisladores de Morena han promovido solicitudes en la Cámara de Diputados para iniciar este proceso.

¿Qué es un juicio político?

El juicio político es un mecanismo de control y balance de poderes, pero su uso puede tener implicaciones significativas para la independencia judicial y la estabilidad política del país.

Es un tema delicado que requiere un análisis profundo y un manejo cuidadoso para evitar conflictos mayores entre los poderes del Estado.