Diputados del PAN denuncian al secretario de Turismo por “lavado” de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén y Santiago Torreblanca, han presentado denuncias ante el órgano interno de control de la Secretaría de Turismo contra Miguel Torruco Marqués, el titular de dicha dependencia. Las denuncias se basan en supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Según los diputados, Torruco ha reportado diferentes montos para tres propiedades que posee y ha proporcionado información contradictoria sobre una casa que recibió de su madre, valorada en 15 millones de pesos. Inicialmente, declaró que la recibió como herencia y posteriormente cambió la versión a donación, con fechas distintas.

La diputada Pérez-Jaén ha destacado que no se conoce la razón social ni la actividad de una empresa vinculada a Torruco, lo que podría ser un indicio de lavado de dinero:

De esta empresa, no sabemos su giro, no quiero especular, pero desde transacciones financieras hasta lavado de dinero, y eso sí es lo grave, o sea, ¿por qué lo oculta? Esto a lo único que nos lleva a pensar, es que algo está haciendo mal. Esto nos huele mal.

También mencionó que buscarán entregar la denuncia directamente a Torruco y solicitarle una explicación sobre las irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales, en especial sobre las propiedades que aparecen y desaparecen. Pérez-Jaén afirmó que estas acciones reflejan una falta de transparencia que caracteriza a la administración de López Obrador.

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Cuestionamientos sobre Declaraciones Patrimoniales

El diputado Santiago Torreblanca también ha cuestionado las declaraciones patrimoniales de Torruco, señalando que entre 2018 y 2020, el secretario reportó la posesión de sus casas de manera intermitente e irregular, con discrepancias en las fechas y montos. Además, mencionó que Torruco no ha declarado la existencia de ninguna empresa, lo cual contradice la información obtenida por los diputados:

Si en las siguientes 48 horas no aclara porque omitió declarar esta empresa, a qué se dedica y cuáles son sus cuentas, sabremos que con su silencio estará aceptando que es una empresa irregular para esconder dinero y propiedades, advirtió Torreblanca.

El diputado también señaló irregularidades en la declaración de ingresos de Torruco. En 2020, el secretario especificó que recibía una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin aclarar el monto:

Declara 680 mil al año, entre la renta de un espacio para una antena de Telcel, luego Radiodipsa, lo cambia, y el resto correspondiente a una pensión del IMSS. Y de repente desaparece la pensión del IMSS, y luego, ¿por qué la recibía, si está en activo? Y segundo, ¿en qué momento la dejó de recibir y por qué motivo?, cuestionó Torreblanca.

Contexto y Repercusiones

Las acusaciones de los diputados del PAN no son aisladas, sino que se enmarcan en una serie de señalamientos hacia funcionarios de la actual administración por presuntas irregularidades patrimoniales. Pérez-Jaén comentó que la falta de transparencia y las aparentes irregularidades en las declaraciones de Torruco son un ejemplo de la opacidad que ha caracterizado al gobierno de López Obrador. Además, mencionó otros casos similares, como el de Rocío Nahle, secretaria de Energía, cuyas propiedades también han sido objeto de escrutinio.

Estas denuncias han generado un clima de desconfianza y exigencia de mayor transparencia por parte de los funcionarios públicos. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sido criticada por no realizar adecuadamente su labor de supervisión y control. La presión sobre Torruco y otros funcionarios para aclarar estas inconsistencias patrimoniales aumenta, y se espera que en los próximos días se brinden explicaciones o se tomen medidas legales al respecto.

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Los ciudadanos y analistas políticos seguirán de cerca el desarrollo de estas denuncias, ya que podrían tener implicaciones significativas para la percepción pública de la integridad del gobierno actual. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza en las instituciones públicas, y este caso pone a prueba la capacidad del gobierno para abordar y resolver tales cuestionamientos.