“Libran” proceso penal ex subsecretarios de “Kiko” Vega

Los tres subsecretarios de Planeación y Finanzas imputados por la Fiscalía General del Estado por abuso de autoridad en el desvío de casi 1 mil 500 millones de pesos, libraron, de momento, el proceso penal en su contra.

Una juez de control determinó que la Fiscalía General del Estado no presentó elementos suficientes para vincularlos a proceso, durante la audiencia de este miércoles que se prolongó hasta la noche.

Miguel Ángel “N”, José Luis “N” e Isauro “N”, quienes desempeñaron el cargo en distintos periodos durante la administración del ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, fueron presentados ante la juez de control en el Centro de Justicia de Río Nuevo, en Mexicali.

Los tres fueron imputados por los delitos de abuso de autoridad por el pago millonario y presuntamente doloso a proveedores “fantasmas”, durante la audiencia inicial bajo la causa penal 05760/2020 y en NUC 02-2019-42685.

En la acusación leída por la fiscalía en este caso, se anotó qué se trata de un pago a 91 proveedores de servicios, como informática, contaduría y consultoría, la mayoría de ellos del centro y sur del país.

El caso se encuentra relacionado a la denuncia presentada por el entonces secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en noviembre del 2019, y ratificada en diciembre de ese mismo año.

Aunque inicialmente se imputarían los cargos de abuso de autoridad y peculado, al final solamente se imputaron cargos de abuso de autoridad, pues de forma dolosa los 3 subsecretarios autorizaron pagos a empresas de cuyos servicios no hay evidencia de haberse prestado.

De acuerdo a la acusación, los tres imputados hicieron los pagos bajo instrucción a través de la Dirección de Egresos, Pagaduría y la jefatura de Bancos.

Salvo dos empresas, ninguna de las 91 empresas vinculadas a estos pagos no se encuentran registradas como proveedores del Gobierno del Estado, y tampoco hay registro ni justificación de licitación, contratos o adjudicaciones a su favor.

Además los pagos se hicieron de manera prioritaria y de urgencia, lo que quedó registrado en los libros contables con la observación de "Por instrucción de los titulares".

La decisión de la juez de control en este caso no extingue la causa penal, por lo que la Fiscalía General del Estado tiene la oportunidad de robustecer la investigación y volver a presentarla en el tribunal.