Empresario se declara culpable de proveer equipo de espionaje a gobierno de BC

Carlos Alberto Guerrero Villanueva, empresario de Tijuana, se declaró culpable ante un juez federal en San Diego, California, por proveer equipo de espionaje a particulares y gobiernos, entre ellos el de Baja California.

El equipo proveído, de empresas italianas e israelíes, según declaró el empresario, sería utilizado no solo para la procuración de justicia y por agencias de seguridad, sino para el espionaje de ciudadanos, entre políticos y empresarios.

Guerrero Villanueva, de 48 años, fue el representante de un conglomerado de empresas con presencia en Estados Unidos y en México, donde era representada a través de la empresa Elite by Carga, con el que el Gobierno del Estado de Baja California realizó negocios.

Fue luego de una divulgación de WikiLeaks que se reveló que la empresa Hacking Team, asociada con Elite by Carga, había tenido contratos con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entonces a cargo de Antonio Valladolid Rodríguez.

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La compra hecha por el estado, según los documentos revelados, era el equipo para instalación del virus Galileo, capaz de intervenir teléfonos celulares y exponer su ubicación en GPS, así como los documentos, conversaciones y datos de los dispositivos.

Tras la revelación de los documentos por parte de WikiLeaks, el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid negó la adquisición del equipo, al igual que la empresa proveedora, sin embargo, el empresario tijuanense se declaró culpable ante un juez federal en Estados Unidos.

Guerrero, quien también es residente Chula Vista, admitió saber que, en algunos casos, sus clientes en el gobierno mexicano usarían el equipo de intervención de comunicaciones para fines políticos, como aseguró ocurrió con un alcalde de Morelos, así como otros particulares en casos de rivalidad comercial.

El caso fue llevado ante la Fiscalía del Distrito Sur de California por la oficina de Investigaciones de Seguridad del Interior (HSI, por sus siglas en inglés), por cargos de conspiración de intercepción prohibida de comunicaciones, que prevé una pena máxima de 5 años en prisión y multa de 250 mil dólares o más.

“La declaración de culpabilidad de hoy ayuda a aminorar la proliferación de herramientas digitales usadas para represión y avances en seguridad digital, tanto en México como en Estados Unidos”, expresó Randy Grossman, fiscal de distrito.