Bajo proceso ex funcionarios estatales de BC

MEXICALI, B.C.- Tras una serie de investigaciones realizadas por la presente administración, diversas dependencias estatales mantienen procesos abiertos en contra de ex funcionarios de la pasada Administración Estatal, incluyendo al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

De acuerdo a información del Gobierno del Estado, la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública, así como la Fiscalía Estatal han mantenido en curso investigaciones por presuntas irregularidades, como desvió de recursos por parte del pasado gobierno.

Las denuncias fueron presentadas en 2019, por la administración que encabeza Jaime Bonilla Valdez, en las que se le acusa a Vega de Lamadrid por el desvío de más de mil 538 millones de pesos durante su mandato.

El ex gobernador de origen panista se presentó el pasado 9 de octubre de 2020 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, donde se abstuvo de dar declaración alguna y solicitar copia de su expediente.

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Las denuncias, con al menos 11 presuntos cargos, estuvieron respaldadas por investigaciones realizadas por la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Honestidad, que la actual Administración dio cuenta de las irregularidades.

El proceso en contra del ex gobernador continúa su curso por desvió y malversación de recursos que presuntamente extrajeron gracias a un sistema coordinado en el que se crearon empresas fantasmas para justificar los gastos.

“Las cosas no quedan aquí, aún continúa la investigación contra su esposo el ex Gobernador Francisco Kiko Vega, para que regrese los recursos que se robó, que en su caso ascienden a más de 1500 millones de pesos que se robaron a través de empresas fantasma”, dijo el Secretario General de Gobierno.

OVANDO Y QUINTERO

Por realizar un presunto desvió de 8 millones de pesos provenientes de un descuento vía nómina, sin autorización, a trabajadores de Gobierno, el ex presidente estatal del Partido Acción Nacional y la ex oficial mayor Loreto Quintero Quintero se encuentran bajo proceso penal junto con otros ex servidores públicos.

A finales de 2019, la actual Secretaría General de Gobierno presentó la denuncia ante la autoridad estatal, en la que se precisa de un descuento de nómina a trabajadores y funcionarios afiliados al PAN.

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Dicho recurso, con base a la investigación, era depositado a una Asociación Civil que beneficiaba a Ovando Patrón, Lizbeth Mata Lozano y Loreto Quintero.

El dinero corresponde al 2% del sueldo, que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid retenía a los trabajadores militantes panistas, que eran entregados de manera directa al blanquiazul.

El pasado 17 de mayo, la Fiscalía General del Estado informó que tanto el ex presidente estatal del PAN y los exfuncionarios de la pasada administración fueron vinculados a procesos por los delitos ya mencionados.

A la fecha, el juez otorgó como medida cautelar la firma catorcenal, además de 100 mil pesos como garantía económica para solventar la conducta procesal de Ovando Patrón.

Mientras que Loreto Quintero, ex Oficial Mayor; Roberto Gil Espinoza y Carlos Armando Ríos, ambos directivos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Jesús Rubén Félix y Eduardo Orta Osorio, fueron vinculados por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Como medida cautelar se les impuso la firma quincenal, excepto a Quintero y Ríos, quienes quedan sin medida, por considerarse venerables por la edad. El Juez de Control otorgó seis meses para el cierre de la investigación.

CASO DE RUACHO

En el caso de Brenda Ruacho de Vega, ex presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Baja California, y esposa del ex gobernador, respondió ante la autoridad regresando la cantidad de 6.8 millones de pesos.

El recurso fue obtenido mediante donaciones de los bajacalifornianos para la construcción del CRIT en Baja California, así como la construcción de un centro de atención para usuarios de dicho centro ubicado en Tijuana.

Los manejos irregulares del recurso se encontraron por personal de la Secretaría de Honestidad y de DIF Estatal, quienes dieron seguimiento al hecho por meses, en el que incluso, a la par de la investigación contra el ex gobernador, se cateó la casa del ex gobernador ubicada en exclusiva zona de Tijuana.

La Fiscalía contaba dentro de la carpeta de investigación con pruebas en las que se señalaba que sustrajo dinero de una cuenta bancaria de la paraestatal para depositarla en una cuenta a nombre de un familiar de Brenda Racho de Vega, con la supuesta finalidad de crear una Asociación Civil.

Tras una serie de comparecencias ante la autoridad, la expresidenta de DIF Baja California, se acogió al artículo 16 de la Ley penal vigente, el cual le permitió reparar el daño cometido, regresando la cantidad cercana a los 7 millones de pesos.

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