Aprueba Congreso de BC sanciones a terapias de conversión

Con 20 votos a favor y 4 en contra, diputados de Baja California aprobaron sanciones penales contra aquellos que apliquen las llamadas “terapias de conversión sexual”, con la adición de estas sanciones al Código Penal del estado.

La iniciativa aprobada añade el capítulo Delitos Contra la Orientación Sexual, la Identidad y Expresión de Género al título primero del Código Penal del estado, al que se añaden sanciones de dos a seis años de prisión y una multa de entre 500 y 2 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Estas multas se aplicarán a “quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”

Las mencionadas sanciones aumentarán al doble en el caso de que la víctima de estos actos sean niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores, o cuando se utilice violencia física, psicológica o moral contra la víctima.

Mexicali

Actualizan Ley para incorporar el lenguaje incluyente y no sexista

También se incrementarán al doble las sanciones cuando quien realice estos actos tenga una relación laboral, docente, doméstica ó médica con la víctima, cuando una persona se valga de su función pública para cometer el delito, asimismo, se castigará con la destitución e inhabilitación de las personas que cometan estas acciones.

Cuando sean los padres o tutores de la víctima quienes implementen las terapias de conversión, el juzgador podrá optar por una sanción pecuniaria o la implementación de trabajo comunitario.

Durante la revisión de la iniciativa, algunos diputados emanados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Solidario (PES) se manifestaron a favor de la propuesta, resaltando que se trata de una propuesta para protección de los derechos humanos.

Al contrario, la diputada Alejandrina Corral Quintero de Acción Nacional (PAN), consideró que con la aprobación de esta iniciativa se deja en situación de vulnerabilidad jurídica a médicos, psiquiatras y otros profesionales, y que contraviene el ejercicio de la patria potestad de los padres.