zona sísmica

Pifias de la justicia

Donde cometieron una verdadera pifia que costará muy caro al erario y por ende a los bolsillos de los bajacalifornianos, es en el Consejo de la Judicatura del Estado, donde firma y cobra como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

Y es que en el templo de la justicia se supone debe ser el Poder Judicial del Estado se cometió una tremenda injusticia, por lo que finalmente un Juez Federal tuvo que entrar a corregirla.

Se trata de la destitución que hizo el Consejo de la Judicatura de la Juez Quinto de lo Civil de Tijuana, María del Rosario Plascencia Ibarra, por una quema administrativa (9/2019) en su contra, con resolución definitiva del 22 de agosto de 2019.

En esa resolución los Consejeros de la Judicatura resolvieron destituir a la juez Plascencia Ibarra y no solo eso, sino que la inhabilitaron para desempeñar cualquier cargo o comisión por un plazo de tres años. Solo que esto no se quedó así, sino que Plascencia Ibarra recurrió a la justicia federal al considerar violatorios sus derechos. Promovió un amparo en contra de actos del pleno del Consejo de la Judicatura, precisamente encabezado por Fragozo López.

Ahora, a casi tres años de distancia y de analizar detalladamente la resolución del Consejo de la Judicatura, la Justicia Federal consideró que los derechos de Plascencia Ibarra fueron violados por el consejo de marras.

De hecho, en la sentencia del juicio de amparo 925/2019, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo con sede en Tijuana, Francisco Caballero Green, les dio una cachetada con puño de hierro, al resolver:

“Empero, a la luz de lo denotado previamente en este fallo, resulta palmario que el pleno del consejo responsable no debió: 1) Iniciar y resolver el procedimiento de remoción en comento; ni, 2) Revisar en aquella secuela de origen una supuesta falta cometida durante la actuación de la aquí impetrante en su carácter de juzgadora dentro de un expediente judicial a su cargo. Ello, al no tener competencia para tal efecto, y por tanto, su actuación es contraria a derecho, pues no se ajusta al marco constitucional y legal aplicables”.

Ante esto, el Juez Federal concedió el amparo y protección de la justicia federal a Plascencia Ibarra, contra los actos del pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

En la sentencia se ordena dejar insubsistente el procedimiento administrativo disciplinario 00/2018 y las consecuencias que derivaron de las actuaciones, respecto a los derechos laborales que le fueron privados a Plascencia Ibarra.

Así que tendrán que reinstalarla y pagarle los salarios caídos de dos años siete meses, que sumarán una fuerte cantidad de dinero que saldrá de los bolsillos de los bajacalifornianos.

Mientras tanto, a los consejeros, empezando por Fragozo López, nadie les dice ni pío, a pesar de que ellos no tenían facultades para destituir a la Juez Quinto de lo Civil de Tijuana, porque la remoción ex una facultad exclusiva del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que por cierto también preside Fragozo López.

“TRIÁNGULO”

Sin duda a el presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta hacer declaraciones que den de qué hablar, para de esa manera mantener la conversación en temas insustanciales.

Como la que hizo ayer en su visita al tristemente célebre “triángulo dorado”, donde dijo que sería bueno decirle “triángulo de la gente buena y trabajadora”. Sin duda el mandatario ha perdido piso con la defensa que realiza oficiosamente de los integrantes del crimen organizado, a quien se refiere respetuosamente siempre que hace un comentario sobre ellos, no como a los “conservadores”, detractores y periodistas a los que insulta pública y reiteradamente con adjetivos corrientes y palabras soeces.

CON LICENCIAS FALSAS

Al menos 150 licencias fa lsas de choferes ha detectado el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS), esto en las distintas modalidades del transporte público.

Jorge Alberto Gutiérrez Topete, titular del IMOS, dijo que es una preocupación que circulen conductores con documentos falsos, sobre todo porque se han detectado delitos que se cometen utilizando unidades de transporte público.

Mencionó que cuando detectan un documento apócrifo, lo remiten a la Fiscalía General del Estado, para que de seguimiento al delito que esto significa. Se pueden ejercer acciones contra los choferes que traen licencias falsas, así como contra los permisionarios de esas unidades.