Zona Sísmica

Abusivos
El video no puede ser más elocuente: Dos agentes de la Policía Municipal de Mexicali golpean salvajemente a un detenido esposado dentro de una patrulla.
Las imágenes son contundentes. Se ven los rostros de los agentes agresores, el rostro del detenido, que en un momento casi es asfixiado por uno de los policías.
El video se hizo viral, junto con un mensaje de la persona golpeada, donde identifica a los policías con los nombres de Jorge Adrián Contreras Pérez y Alberto Landeros.
Lo curioso de todo esto es que la agresión se registró desde marzo pasado y hasta el momento los dos policías siguen en el trabajo muy a gusto, como si el salvajismo aplicado en contra de un detenido fuera un juego.
Hay un dicho que señala: Justicia tardada es justicia denegada. Y esto es lo que parece ocurre en el caso de esos energúmenos, porque hay una denuncia presentada por el agredido en la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando firmaba como titular la ahora magistrada Perla del Socorro Ibarra Leyva, el alcalde de Mexicali era Gustavo Sánchez Vásquez y el director de Seguridad Pública Alonso Ulises Méndez.
Parece que nadie se interesó en ese caso o de plano pretendieron "congelarlo". De no ser por el video, quizá habría quedado en el olvido.
Es buen momento para que la Fiscalía Regional, a cargo de Pedro Ariel Mendívil, arme una buena carpeta de investigación para poner castigar a los agentes.
También, para que la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, el síndico Héctor Ceseña, y la directora de Seguridad Pública María Elena Andrade, logren sacudirse a ese par de gorilas disfrazados de agentes.
Por cierto, parece que Conteras y Landeros promovieron un amparo contra los actos de Sindicatura, sólo que se los negaron y se fueron al recurso de revisión. Actualmente está en un Tribunal Colegiado de Circuito.
 
Más control
Desde el primer minuto de hoy entró en vigor a nivel nacional la Ley Nacional del Registro de Detenciones, donde los policías de todos los niveles deberán demostrar que están preparados porque de otra manera, tendrán una serie de problemas.
La nueva ley empieza hoy para delitos federales, el 1 de abril de 2020 para los delitos del fuero común y el 1 de abril de 2021 para las detenciones administrativas.
Todo esto es importante para cualquier persona y para los agentes de la autoridad.
Esta nueva ley busca evitar que se realicen detenciones arbitrarias, puesto que se deberá llevar un mayor control.
Si un policía lleva a cabo la detención de una persona en flagrancia o con motivo de una orden de aprehensión, en ese mismo momento y desde el mismo lugar de los hechos, en forma inmediata debe de notificar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde firma como titular Alfonso Durazo.
Los datos que los policías deben se otorgar "en línea" son su nombre, la corporación, el nombre del detenido, el lugar de la detención. Notificar si la persona presenta lesiones a simple vista.
Aparte de otros datos, desde la SSPC en Ciudad de México les proporcionarán un número de registro para ese detenido, mismo que debe quedar asentado el informe policial.
Con esto se busca un control y seguimiento a las detenciones que hagan los policías en todo el país, para evitar se vulneren los derechos humanos, se conozca el lugar a donde sea llevado el detenido, el número de registro y quién es la autoridad a la que se entregue, ya sea el Ministerio Público u otra.
Para todo esto habrá un sistema de consulta nacional para que cualquier persona interesada pueda buscar a alguna persona detenida, con lo que se acabará aquello de que el detenido "no aparece".
 
Magistrados
Tras la designación de los magistrados supernumerarios por parte del Congreso del Estado, ahora viene la tarea de designar a dos magistrados para sustituir a dos que salieron al cumplir 70 años de edad: Félix Herrera Esquivel y Emilio Castellanos Luján.
Aunque en realidad la designación está paralizada por amparos promovidos por aspirantes, quienes no vieron bien el procedimiento realizado por el Consejo de la Judicatura del Estado.
Uno de los amparos fue solicitado por Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez y la Juez Décimo de lo Civil de Tijuana, Lourdes Molina.
Esos amparos han mantenido "trabados" los procedimientos para la designación de los nuevos togados por parte del Congreso del Estado.
La duda es si en algún momento los amparados se desistirán de continuar con su lucha a través de los Juzgados Federales, para permitir continúe el procedimiento y dar certeza al Poder Judicial del Estado al ocupar las vacantes con magistrados titulares.