Columnas TRANSICIONES

 Activismo atípico

Una de las reglas no escritas del sistema político mexicano (y de otros países como Estados Unidos), era que un presidente al concluir su mandato debía retirarse de la vida pública o tener actividades de bajo perfil. 

Una de las reglas no escritas del sistema político mexicano (y de otros países como Estados Unidos), era que un presidente al concluir su mandato debía retirarse de la vida pública o tener actividades de bajo perfil. Así, todos los reflectores eran para el presidente en turno.

Esta regla se adoptó el 10 de abril de 1936 cuando el llamado “Jefe Máximo”, el Gral. Plutarco Elías Calles (1924-1928) fue exiliado por órdenes del presidente Gral. Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940). Era evidente que ante el asesinato del presidente electo para un segundo periodo, el Gral. Álvaro Obregón en 1928, Calles se había convertido en el poder detrás del cargo. Cárdenas no toleró que Calles continuara dictando las principales directrices de gobierno como lo hizo en todo el periodo que siguió a la muerte de Obregón y que se le conoció como el “Maximato” (1929-1934).

Cárdenas sentó así las bases del sistema presidencialista mexicano, en el que el Poder Ejecutivo es unívoco y nadie le hace sombra al presidente en turno. Un presidencialismo fuerte que se mantuvo durante varias décadas. Incluso en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se dice que se redimensionó el poder presidencial quizás a los niveles de los años treinta.

Al parecer, el presidencialismo mexicano cambió sobre todo a partir del año 2000. Coincidió con la alternancia política por medio de la cual asumió la presidencia de la República Vicente Fox Quesada y sobre todo la aparición masiva de las redes sociales que desacralizaron la figura presidencial. El resultado, que tanto él, como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se han convertido en militantes opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por un lado, la figura presidencial ya no es intocable aunque siga conservando el poder. La opinión pública ejerce una estricta vigilancia sobre las actividades, disposiciones e iniciativas de AMLO, y aprovecha cualquier resbalón para criticarlo o atacarlo, según sea el caso. Es en ese contexto, en el que se le puede decir de todo al presidente sobre todo en las redes sociales, que los expresidentes Fox y Calderón deciden encabezar uno de los flancos de la desdibujada oposición.

La regla de oro del presidencialismo mexicano cayó hecha pedazos. Antaño, el presidente no podía ser criticado ni “con el pétalo de una rosa”. Ningún medio de comunicación nacional se permitía una palabra fuera de tono contra el “señor presidente”. Fueron quizás los moneros (caricaturistas) los precursores de semejante herejía. Así, en los periódicos surgieron esos actos de rebeldía contra la sacrosanta autoridad del señor presidente.

Hoy, Fox y Calderón se han lanzado a una cruzada de ‘recuperación del poder” antes que a la “rectificación” del mismo. Con sus acciones muestran que el proyecto de AMLO es radicalmente distinto al que ellos abanderaron. En el sexenio pasado, vivieron un verdadero romance con Enrique Peña Nieto. Una relación tersa y acrítica. Pero la posibilidad del triunfo de AMLO los hizo salir a la calle. Vicente Fox reivindica la idea de que la oposición gane las elecciones intermedias de 2021. Pero Calderón, con más colmillo, quiere convertirse en el líder de la oposición, primero a través de la formación de un nuevo partido político, llamado México Libre y/o incorporándose al Congreso como diputado en 2021.

Estamos ante un activismo atípico para el sistema político mexicano. Los expresidentes Fox y Calderón han dejado el bajo perfil para defender públicamente un proyecto de país del que fueron beneficiados. Por una lado, queda claro el fin de la regla de oro del presidencialismo mexicano por medio de la cual los expresidentes se retiraban de la vida pública. Pero por el otro, el activismo demuestra que estamos ante un nuevo proyecto de país que enfrenta fuertes resistencias. La batalla será cruenta.                       

*- El autor es Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.

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