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Columnas ANÁLISIS SIN FRONTERAS

Análisis sin fronteras

Por Ana María Salazar

Vamos diciéndonos las verdades Esta semana se cumplieron cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Y desafortunadamente parecería que más que definir a ciencia cierta dónde están sus hijos y castigar a los asesinos, parece que el rumbo que está tomando la investigación resultará en que muchos, sino es que todos los detenidos e investigados serán liberados por falta de pruebas o por violación al debido proceso y sus derechos humanos, haciendo uso de tortura y confesiones forzadas. Después de cuatro años, y con 129 personas detenidas, si la PGR no ha podido terminar la investigación o asegurar condenas de por lo menos algunos de los detenidos, esto podría significar que esta masacre, al igual que otras masacres en este país, podría quedar impune. Hay muy pocos países en el mundo que tienen la capacidad de investigar crímenes atroces con tantos muertos. De hecho, el número de masacres y desaparecidos en México se asemeja más a lo que sucede en un país que vive una guerra civil (o algo similar) y en donde, la comunidad internacional, con recursos y expertos, tiene que intervenir años más tarde para identificar a las víctimas, recabar pruebas, tratar de establecer posibles culpables y si es posible usar un tribunal internacional para condenar a funcionarios de un gobierno nacional, o de un grupo armado. Hago este comentario no para eximir las responsabilidades del gobierno federal de la incapacidad que tiene para investigar masacres. Pero en este caso en particular, la incapacidad y negligencia rayó casi en un aparente encubrimiento. Y esto es lo que se tendrá que responder eventualmente: ¿En estos casos de masacres fue incapaz el gobierno federal o estaban encubriendo? Sin entrar en la controversia constitucional de si debe o no crearse una Comisión de la Verdad para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el problema fundamental parecería que, para los proponentes, la suposición es que el gobierno federal está encubriendo a alguien, a personas o instituciones que podrían estar involucrados. Así que, más que una Comisión de la Verdad, lo que se estaría buscando es un tribunal alterno para enjuiciar a instituciones y gobernantes. Y en este caso, se tendría que establecer que fue una política de Estado usar estrategias sistemáticas para asesinar y masacrar a la población por parte del Estado. Y esta perspectiva pondría a un lado una realidad dolorosa en México: Que en este país con un crimen organizado de los más violentos del planeta, tiene control territorial sobre regiones completas del país, y por diversas razones nunca pudo el Estado desarrollar capacidades para enfrentar estas organizaciones, incluyendo el vínculo de estos con políticos y funcionarios locales y estatales. También han surgido voces que exigen que se conformen "comisiones de la verdad” para resolver otras masacres, donde podría o no estar involucrado el gobierno nacional. Cualquier Comisión de la Verdad que se ha creado alrededor del mundo tiene características similares, según un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Complementariedad con la justicia penal, las comisiones de la verdad generalmente no son investigaciones judiciales y no determinan castigos. Generalmente tiene un enfoque en violaciones graves de los derechos humanos vinculado con actores gubernamentales. Manejan “grandes cantidades de información”; el documento usa como ejemplo la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú, que reunió 17 mil testimonios durante su ejercicio de dos años, y la CVR de Sudáfrica recogió más de 22 mil testimonios en tres años. Claramente, no solo los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa merecen saber la verdad sobre lo que pasó con sus hijos, también los miles y miles de familiares de víctimas de la violencia en este país. Todos ellos merecen justicia y no necesariamente encontrarán eso en una Comisión de la Verdad que probablemente resultará en subrayar la incapacidad y falta de voluntad política de resolver la violencia en México. Tal vez surjan, en algunos años, recomendaciones para prevenir masacres y cómo investigar estas atrocidades. Pero eso no implica necesariamente que las víctimas encontrarán justicia. Por eso, es importante presionar a las autoridades federales y al nuevo gobierno que establezcan cuáles van a ser sus lineamientos para continuar investigando no solo el caso de los 43 normalistas, sino cómo proteger a la población de organizaciones altamente violentas. La autora es analista política.

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