¿Cómo se ve un país sin crisis de vivienda? Mientras miles de personas protestan en Europa contra las rentas impagables, ciudades como Viena y Singapur demuestran otros modelos que pueden garantizar un techo digno a su población

Desde septiembre ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público las protestas por el acceso a una vivienda digna, mismo que han reunido a miles de personas en distintos países de Europa, entre ellos España, Portugal y Francia. Las movilizaciones exigen mejores precios para la renta, mayor protección para los inquilinos y políticas que faciliten el acceso a un hogar cuyo costo sea compatible con los ingresos de la población.

Las manifestaciones también han puesto sobre la mesa problemas como la especulación inmobiliaria, el encarecimiento del suelo y los requisitos para alquilar una vivienda. Más allá de la disponibilidad de inmuebles, el descontento de los manifestantes plantea interrogantes sobre el papel de los gobiernos para regular el mercado y garantizar el acceso a una vivienda adecuada.

Pero ¿existe algún país donde la vivienda no represente una preocupación económica tan grande? Aunque ningún modelo está libre de dificultades, hay ciudades que han apostado por una intervención pública más amplia para ofrecer alternativas al mercado privado.

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¿Cómo es una ciudad donde la vivienda es una política pública?

Viena, Austria, es uno de los ejemplos más conocidos. De acuerdo con el sitio oficial del gobierno, la ciudad cuenta con alrededor de 220 mil viviendas municipales y 200 mil viviendas cooperativas, según información oficial del gobierno vienés. Este parque habitacional permite que una parte importante de la población tenga alternativas de acceso a una vivienda fuera del mercado inmobiliario privado.

• Viviendas municipales: pertenecen al gobierno de la ciudad, que las administra y renta a personas que cumplen determinados requisitos de residencia, ingresos y situación legal. La asignación depende también de la disponibilidad de inmuebles.
• Viviendas cooperativas subvencionadas: son construidas y administradas por organizaciones sin fines de lucro o con beneficios limitados, con apoyo financiero del gobierno. Esto permite ofrecer viviendas con condiciones de renta vinculadas a sus costos de financiamiento y mantenimiento. Algunas requieren una aportación inicial por parte de quienes las solicitan.

La diferencia frente a un mercado basado principalmente en propietarios privados es que una parte considerable de las viviendas no se renta únicamente bajo las condiciones comerciales de oferta y demanda. La ciudad conserva un gran mercado habitacional público y destina recursos a construir nuevas unidades y rehabilitar las existentes, mientras que las cooperativas amplían la oferta con apoyo gubernamental.

De acuerdo con el portal oficial Socialhousing Wien, alrededor del 60% de la población de Viena vive en viviendas municipales o subvencionadas. La existencia de esta oferta contribuye a contener los precios en una parte del mercado, pues los propietarios privados compiten con alternativas habitacionales que no persiguen exactamente los mismos objetivos comerciales.

Esto no significa que Viena esté libre de problemas de acceso. Sin embargo, el modelo muestra que la política habitacional puede ir más allá de otorgar créditos para comprar una casa: también puede incluir la construcción y conservación de viviendas públicas, el apoyo a cooperativas y mecanismos para mantener rentas accesibles a largo plazo.

La principal diferencia es que el gobierno no se limita a regular el mercado desde fuera: también participa directamente en la oferta de vivienda. Así, quienes no pueden comprar una propiedad tienen más alternativas que depender exclusivamente de un arrendador privado.

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Otro caso se encuentra fuera de Europa

En Singapur, la Housing & Development Board (HDB), autoridad pública de vivienda, ha construido más de 1.25 millones de departamentos desde su creación y proporciona alojamiento a cerca del 80% de la población residente, de acuerdo con su información institucional.

A diferencia del modelo de Viena, donde una parte importante de la oferta pública se destina al alquiler, Singapur promueve que sus ciudadanos sean propietarios de una vivienda pública. Para ello, el gobierno planifica los desarrollos, adquiere terrenos, construye departamentos y los vende a precios subsidiados a quienes cumplen los requisitos establecidos.

Ambos casos permiten observar que la intervención estatal puede adoptar distintas formas. La pregunta no es únicamente cuántas casas se construyen, sino quién puede acceder a ellas, cuánto cuestan en relación con sus ingresos y qué alternativas existen para quienes no pueden comprar una propiedad.

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¿El problema en México es la falta de regulación?

En México existen leyes, programas públicos y disposiciones locales relacionadas con la vivienda. El debate está en si esas herramientas son suficientes para garantizar que las personas puedan acceder a un hogar adecuado, bien ubicado y cuyo costo sea compatible con sus ingresos.

La abogada especializada en derecho a la vivienda Carla Escoffié ha abordado estas contradicciones en sus libros El derecho a la vivienda en México y País sin techo, donde examina los obstáculos que enfrentan distintos sectores para habitar las ciudades.

En un análisis publicado en su Substack, Escoffié advierte que las estadísticas del sector deben interpretarse considerando sus alcances, pues muchos indicadores se construyen a partir de los créditos otorgados o de las operaciones del mercado inmobiliario. Esto significa que no necesariamente reflejan a todas las personas que tienen dificultades para encontrar una vivienda adecuada o pagar una renta.

La abogada también señala que la mayor parte de la vivienda en México es autoconstruida, una realidad que obliga a ampliar la discusión más allá de los desarrollos inmobiliarios formales. La autoproducción de vivienda, explica, no debe confundirse automáticamente con desorden o ilegalidad, ya que constituye una de las formas en que numerosas familias resuelven sus necesidades habitacionales.

Además menciona que la construcción de viviendas económicas en zonas alejadas de los centros de trabajo, los servicios y el transporte puede generar costos adicionales para las familias, incluso cuando el precio del inmueble es menor.

Desde esta perspectiva, la crisis no se limita a quienes carecen de una casa. También afecta a las personas que deben alejarse de sus comunidades para encontrar rentas accesibles, viven en espacios reducidos o destinan una proporción elevada de sus ingresos a conservar un lugar donde vivir.

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¿Qué podría aprender México de otros países?

Los modelos internacionales no pueden trasladarse de manera automática. Las diferencias en el acceso al suelo, la capacidad financiera del Estado, los sistemas de propiedad y las condiciones económicas hacen necesario adaptar cualquier política al contexto mexicano.

Sin embargo, las experiencias de Viena y Singapur permiten identificar preguntas relevantes: ¿qué ocurriría si la vivienda pública tuviera un papel más amplio?, ¿cómo podrían fortalecerse las alternativas de alquiler asequible?, ¿qué medidas ayudarían a evitar que las personas sean desplazadas por el encarecimiento de sus barrios? y ¿cómo se puede asegurar que las nuevas construcciones respondan a las necesidades de quienes tienen menos ingresos?

Más que imitar un país donde la crisis no existe, ver diferentes modelos de vivienda y su dinámica con la sociedad permite identificar qué alternativas políticas existen que satisfagan las necesidades por las que miles de personas en distintas latitudes del mundo protestan hoy en día.