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Revelan nombres de investigados por Cofece señalados de formar el "cártel de los fármacos"

Según la Comisión Federal de Competencia Económica durante una década se coludieron en un “cártel”, simularon su rivalidad para cobrar de más a la sociedad mexicana.

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Por Redacción/GH

Según la Comisión Federal de Competencia Económica durante una década se coludieron en un “cártel”, simularon su rivalidad para cobrar de más a la sociedad mexicana.

Según la Comisión Federal de Competencia Económica durante una década se coludieron en un “cártel”, simularon su rivalidad para cobrar de más a la sociedad mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO.-La Cofece multó con poco más de 903 millones a empresas y personas físicas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos.

Las sanciones por prácticas indebidas alcanzaron los 903 millones 479 mil pesos, informó el mismo organismo en un comunicado.

Los nombres de las empresas sancionadas fueron:

  • Casa Saba
  • Nadro, Marzam
  • Farmacias Nacionales (Fanasa)
  • Almacén de Drogas

Según la Comisión Federal de Competencia Económica durante una década se coludieron en un “cártel”, simularon su rivalidad para cobrar de más a la sociedad mexicana, con la complicidad de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar).

La revista Proceso dice que, aunque los nombres de los empresarios investigados no se ha dado a conocer, la Cofece ofrece algunos detalles en su lista de indagatoria.

Son en total 21 personas físicas los que participaron en representación de las empresas, por la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución de medicamentos.

Los nombres de los investigados:

  • Pablo Escandón Cusi, dueño de Nadro
  • Manuel Saba Ades, quien heredó Casa Saba de su padre Isaac Saba Raffoul
  • Elías Salomón Nader, de Fanasa
  • Roberto Lázaro Gutiérrez Ancira y Roberto Gutiérrez Elizondo, de Almacén de Drogas
  • Joseph Sitt Cherem, de Marzam
  • Tomás Ángel Rodríguez Weber, quien fuera presidente de la Diprofar, así como los hermanos Francisco Daniel y José Antonio Pérez Fayad, dueños de Grupo Fármacos Especializados.

También fueron notificados a investigar a Héctor Valle Mesto, actual presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, el poderoso grupo de cabildeo de la cúpula empresarial mexicana en temas de salud, entre cuyos “asociados activos” destacan los multimillonarios Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Olegario Vázquez Aldir, el mismo Escandón Cusi y su hija, Alejandra Escandón Matarazzo, y el empresario Claudio X. González Laporte.

Empresas restringían y encarecían 'medicinas

En el expediente I0-001-2016 se acredita que los agentes económicos sancionados realizaron tanto acuerdos para restringir el abasto, como conductas para fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos, las cuales fueron materializadas de la siguiente manera:

Las estrategias para los monopolios

Días de descanso

Consistió en un acuerdo entre Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro, con la coadyuvancia de la Diprofar, para no distribuir medicamentos en el territorio nacional durante los días de descanso obligatorio previstos en la Ley Federal del Trabajo, así como los días Viernes Santo y Día de muertos.

La práctica se llevó a cabo durante un periodo de casi 10 años, de junio de 2006 a finales de diciembre del 2016.

Comité de crédito

Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro se coludieron para no distribuir o comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de medicamentos a determinadas farmacias, según sus cuentas por pagar a las distribuidoras.

Esta conducta se realizó, al menos, entre enero de 2008 y diciembre de 2016.

Las dos conductas anteriores, cada una sancionada de manera independiente, restringieron el abasto a las farmacias y perturbaron las condiciones de disponibilidad, acceso y compra de medicamentos en perjuicio de los consumidores.

Descuentos limitados

Los distribuidores compiten por los clientes (farmacias) a través de los descuentos sobre el precio farmacia, el cual es sugerido por el fabricante o laboratorio; entre mayor sea el descuento ofrecido a las farmacias mayor es la probabilidad de obtener más clientes y, por lo tanto, alcanzar una mayor participación de mercado.

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Sin embargo, Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro se coludieron para homologar una lista de productos respecto de los cuales establecieron un monto máximo de descuentos (descuentos limitados) que debía ser observados por todos estos agentes.

Por su parte, la Diprofar recibía las listas proporcionadas por cada uno de los distribuidores para posteriormente integrarlas y enviarlas para su cotejo y observaciones.

Esto evitó que los distribuidores compitieran por los clientes (farmacias) descuentos ofrecidos sobre el precio farmacia.

Conducta 3.66

En esta práctica participaron Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro para incrementar de manera coordinada el precio farmacia de diversos medicamentos en 3.66%.

Esta conducta se efectuó de febrero de 2011 a agosto de 2013.

Conducta cuadrantes:

En esta conducta directivos de Marzam, Nadro, Fanasa y Casa Saba ejecutaron un mecanismo que permitió a los distribuidores coludirse para homologar de forma escalonada los precios de venta de los medicamentos a las farmacias, para mejorar su margen de ganancia de forma coordinada y sin perder participación de mercado.

El propósito de esta conducta fue evitar que los clientes minoristas advirtieran de manera inmediata el incremento coordinado de precios de los medicamentos vendidos por los distribuidores.

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Estas tres últimas conductas señaladas fueron parte de una sola práctica monopólica cuyo objeto fue ir perfeccionando el objetivo de fijar, elevar, concertar o manipular los precios de diversos medicamentos distribuidos en el territorio nacional.

Todas estas conductas incidieron en la distribución (venta de distribuidores a los minoristas, como farmacias) y comercialización de los medicamentos (venta al público), imponiendo ilegalmente sobre el canal minorista restricciones de abasto, así como incrementos y manipulaciones a los precios de dichos productos.

Causaron daño a las familias mexicanas

Lo anterior generó un daño a las familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, quienes gastan aproximadamente 24 mil millones de pesos en la compra de medicamentos recetados, medicamentos sin receta y material de curación.

Se estima que las conductas sancionadas provocaron un daño al bolsillo de los mexicanos de 2 mil 359 millones de pesos.

Conforme a lo anterior, el Pleno de la COFECE determinó sancionar a Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas y a 21 personas físicas por su participación en la realización de las prácticas monopólicas absolutas, así como a Diprofar y una persona física por su coadyuvancia, con multas que en conjunto ascendieron a 903 millones 479 mil pesos.

Estas multas son las máximas que se pueden imponer en función de la capacidad económica de los sancionados y la ley de competencia vigente al momento de la realización de las conductas.

Ejecutivos sancionados para ejercer en esas empresas

Además, 10 de las personas físicas que actuaron en nombre y/o representación de algunas de las empresas sancionadas, durante la vigencia de la actual Ley Federal de Competencia Económica, fueron inhabilitadas para ejercer como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados de dichas empresas, en plazos que van de los 6 meses a los 4 años.

Al analizar el dolo, la intencionalidad y el tiempo que cada persona participó en esta conducta que afectó gravemente un mercado que es particularmente sensible para las familias, el Pleno determinó imponer por primera vez este tipo de sanción, que fue incorporada a la ley de competencia en 2014, la cual, en términos del marco jurídico, debe ejecutarse inmediatamente aun cuando existan amparos por resolverse.

Una vez que se ha notificado a las partes, los agentes económicos y las personas sancionadas tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece.

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