La pesca ilegal en México supera el 40% de la captura total y provoca que 22% del pescado vendido legalmente provenga de fuentes ilícitas mediante etiquetas falsa
El volumen ilícito estimado equivale a 726,751.6 toneladas y afecta la trazabilidad del pescado que llega a los consumidores.

MÉXICO.- La pesca ilegal, no declarada y no documentada en México supera el 40% de la captura total, el doble de la media mundial de 20% establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Con base en la producción pesquera nacional registrada en 2025, este volumen equivale aproximadamente a 726,751.6 toneladas, con un valor estimado de 13,458.62 millones de pesos.
La falta de control también impacta el consumo cotidiano mediante el denominado “lavado de pescado”. Un análisis de la organización Oceana identificó que 22% del pescado comercializado legalmente en el país proviene de fuentes ilegales y entra a la cadena formal mediante etiquetado engañoso o falsedad en los registros de captura.
¿Cómo afecta la pesca ilegal al pescado que llega al consumidor?
La actividad irregular abarca desde comunidades sin acceso histórico a permisos hasta redes vinculadas con el mercado negro internacional de especies de alto valor, como la aleta de tiburón y el pepino de mar.
En la práctica, incluye acciones como:
- Extraer especies durante épocas de veda.
- Pescar en zonas prohibidas.
- Capturar dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
- Extraer especies protegidas.
- Utilizar artes de pesca no permitidas.
Este fenómeno ocurre a lo largo de más de 11,000 kilómetros de línea de costa nacional. La alta biodiversidad marina y la extensión territorial dificultan la cobertura permanente de las autoridades.

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¿Cómo opera el crimen organizado en el sector pesquero?
De acuerdo con información de Causa Natura Center, la delincuencia organizada pasó de cometer ilícitos aislados a ejercer control territorial sobre la cadena pesquera.
Sus operaciones comenzaron con el tráfico de totoaba y se expandieron hacia:
- La extorsión de pescadores legales e ilegales.
- La toma de muelles y plantas procesadoras.
- La imposición de precios y cuotas.
- La infiltración en los mercados.
Esta presencia criminal se extendió desde el Golfo de California —en Baja California, Sonora y Sinaloa— hacia entidades del Golfo de México y el Caribe, entre ellas Yucatán, Campeche, Veracruz y Tamaulipas.
¿Cuánto disminuyeron las labores de inspección y vigilancia?
Entre 2018 y 2023, las acciones de supervisión marítima y terrestre registraron recortes pronunciados:
- Recorridos de la Semar: los patrullajes terrestres bajaron de 964 a 99, una disminución de 89.7%. Los recorridos acuáticos cayeron de 3,318 a 332, equivalente a 90%.
- Recorridos de Conapesca: las inspecciones terrestres pasaron de 18,645 a 10,914, una reducción de 41.5%. Las acuáticas disminuyeron de 8,942 a 2,781, es decir, 68.9%.
- Personal operativo: el promedio anual de Oficiales Federales de Pesca de Conapesca bajó de 183 durante el periodo 2009-2014 a 166 en 2025. En junio de 2026, la Semar y Conapesca integraron la Dirección de Inspección y Vigilancia Pesquera con 145 inspectores.
Al comparar 2011 con 2023, los aseguramientos de artes de pesca por parte de Conapesca cayeron 75.1%, al pasar de 18,778 a 4,685. La incautación de embarcaciones y motores bajó 86.4%, de 1,220 a 166, mientras que las retenciones precautorias de producto pesquero se redujeron 90.0%, de 9,496 a 953.
Entre 2018 y 2023, la dependencia puso únicamente a 59 personas a disposición de las autoridades judiciales por delitos pesqueros.
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¿Qué vacío legal persiste y qué medidas se proponen?
En el ámbito normativo persiste la falta de emisión del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su expedición en agosto de 2026.
Para revertir la caída operativa, Causa Natura Center propone implementar sistemas de vigilancia inteligente mediante:
- Drones.
- GPS.
- Monitoreo satelital.
- Radioboyas.
- Radares costeros.
- Aplicaciones ciudadanas.
La propuesta también contempla digitalizar los trámites y fortalecer la coordinación entre la Semar, Conapesca y la Guardia Nacional.
¿Qué debe considerar el consumidor?
La información disponible señala que parte del pescado comercializado legalmente puede provenir de fuentes ilegales y entrar a la cadena formal mediante registros falsos o etiquetado engañoso. Por ello, la trazabilidad del producto, es decir, la posibilidad de identificar su origen y recorrido, es un elemento central para conocer cómo llegó el pescado al mercado.
El problema se relaciona con la vigilancia de la actividad pesquera, el cumplimiento de vedas y zonas protegidas, y el control de las especies que se capturan y comercializan en México.
El volumen estimado de pesca ilegal, la reducción de inspecciones y los mecanismos de ingreso al mercado formal muestran que el control de la cadena pesquera depende de la supervisión en el mar, la verificación de los registros y la coordinación entre autoridades.
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