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Contratos digitales en México son plenamente válidos aunque la firma electrónica no sea idéntica al trazo de tu credencial del INE aclaran los especialistas

Firma electrónica en México no necesita ser idéntica a tu credencial de elector para dar plena validez legal a un contrato.

Contratos digitales en México son plenamente válidos aunque la firma electrónica no sea idéntica al trazo de tu credencial del INE aclaran los especialistas
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MÉXICO.- La celebración de actos jurídicos en plataformas digitales genera dudas frecuentes entre los usuarios debido a la falta de conocimiento sobre las leyes vigentes. Uno de los mitos más comunes en México es creer que una firma electrónica debe mostrar un trazo idéntico al que aparece en la credencial de elector del INE o en el pasaporte para ser válida. Sin embargo, la legislación mexicana no establece este requisito de similitud visual.

Los especialistas en la materia confirman que lo verdaderamente fundamental es que la tecnología utilizada permita identificar con certeza al firmante y asegurar que este aprobó el contenido del documento. En el país, la firma electrónica cuenta con un respaldo legal sólido y tiene reconocimiento legal desde el año 2003, lo que significa que produce exactamente los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa escrita a mano sobre papel.

¿Por qué un contrato digital es igual de válido que uno físico?

El sustento de esta equivalencia radica en la naturaleza misma de los contratos dentro de la normatividad nacional. El Código Civil Federal determina que un contrato nace formalmente cuando existe un acuerdo de voluntades sobre un objeto determinado, y no por el simple hecho físico de plasmar tinta sobre una hoja de papel.

La legislación civil y mercantil en México permite explícitamente que el consentimiento de las partes involucradas se exprese de forma verbal, escrita o a través de medios electrónicos. Para homologar estas prácticas globales, el país adoptó las leyes modelo de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), integrándolas de manera formal en el Código de Comercio para otorgar plena validez a los mensajes de datos y a los esquemas de certificación digital.

¿Qué diferencias existen entre los tipos de firma electrónica?

La normativa mexicana reconoce esquemas distintos de validación según el nivel de seguridad requerido para cada acto jurídico:

  • Firma electrónica simple: Es aquella que utiliza métodos digitales básicos para asociar la identidad del firmante con el documento, aplicable en acuerdos ordinarios.
  • Firma electrónica avanzada: El ejemplo más claro de esta categoría es la e.firma emitida por el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Este mecanismo posee capas de seguridad robustas que verifican la identidad del usuario mediante datos biométricos y garantizan la integridad estricta del archivo digital.
La firma electrónica simple es aquella que utiliza métodos digitales básicos para asociar la identidad del firma | Pexels

Es importante diferenciar estas herramientas de la NOM-151. Esta última no constituye una firma en sí misma ni funciona para acreditar la identidad de una persona. La NOM-151 es una Norma Oficial Mexicana coordinada por la Secretaría de Economía que regula los requisitos técnicos para la conservación de mensajes de datos, garantizando que un archivo digital no ha sufrido ninguna modificación ni alteración posterior al momento exacto de su firma.

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¿Cuándo y dónde aplica la legalidad de esta herramienta?

La aplicación de la firma electrónica es generalizada en los ámbitos civil y mercantil en toda la República Mexicana. Su validez jurídica plena se activa siempre que la plataforma o la tecnología empleada cumpla de forma estricta con las condiciones fijadas en el Artículo 89 del Código de Comercio. Este artículo exige que el sistema digital sea capaz de identificar fehacientemente al emisor y demostrar su aprobación explícita respecto a las obligaciones del documento.

Actualmente, el uso de firmas digitales se despliega de manera ordinaria en contratos entre empresas, operaciones y trámites bancarios, así como en los servicios digitales de diversas instituciones públicas. Los análisis sobre esta materia señalan que el mayor reto que enfrenta la herramienta en México no reside en una limitación técnica o legal, sino en la confianza y en la percepción cultural de los usuarios, quienes paulatinamente transitan del soporte físico al entorno digital.

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