Operadores como Telcel y AT&T piden “tirar a la basura” el registro de líneas por ineficaz, señalando costos de 4 mil millones de pesos y advierten que el 82.5% de los usuarios enfrentará una desconexión masiva en julio

MÉXICO.- El mercado de las telecomunicaciones en México se encuentra ante un desafío logístico y social sin precedentes que podría dejar a millones de personas sin comunicación básica. Al cierre de la primera semana de mayo de 2026, las cifras oficiales revelan una realidad preocupante: el 82.5% de los usuarios de telefonía móvil aún no ha cumplido con el registro obligatorio de sus líneas.

Según datos proporcionados por la Comisión Regulación de las Telecomunicaciones (CRT) y analistas del sector como The CIU, el país corre el riesgo de una desconexión masiva el próximo 30 de junio, fecha límite establecida para este proceso. Esta medida, que busca mejorar la seguridad pública y cumplir con acuerdos internacionales de trazabilidad, enfrenta hoy el rechazo de la industria por sus altos costos operativos y dudas sobre su verdadera eficacia técnica.

Un avance insuficiente frente a la fecha límite

A pesar de que el plazo oficial concluye en menos de dos meses, el nivel de cumplimiento es alarmante. La Comisionada Presidenta de la CRT, Norma Solano, informó que hasta finales de abril apenas se habían registrado 30.2 millones de líneas, lo que representa solo el 18.9% del total nacional. Para finales de la primera semana de mayo, la cifra se ajustó a 28.3 millones de usuarios registrados, evidenciando una desaceleración en el proceso.

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Para cumplir con la meta gubernamental antes de julio, México necesitaría registrar 1.5 millones de líneas diariamente. Sin embargo, el ritmo actual es de apenas 352 mil registros por día. Ernesto Piedras, director de The CIU, ha calificado como “imposible” alcanzar el objetivo en el tiempo restante, advirtiendo que, bajo las condiciones actuales, el proceso completo podría demorar hasta dos años.

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¿Por qué los operadores rechazan el modelo actual?

La industria de telecomunicaciones, integrada por empresas como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes, sostiene que el esquema de registro es ineficiente y costoso. Se estima que los operadores deberán invertir más de 4 mil millones de pesos para validar identidades, desarrollar plataformas tecnológicas y garantizar el almacenamiento seguro de la información de sus clientes.

Mony De Swaan Addati, presidente de la AMOMVAC, ha sido crítico con el mecanismo, señalando que tiene “huecos por demasiados lados” debido a la falta de datos biométricos. Actualmente, la validación se limita a una fotografía o la presentación del CURP, lo que según especialistas abre un “boquete a la seguridad” al no garantizar plenamente la identidad del usuario. Además, se argumenta que el gobierno está trasladando costos y riesgos reputacionales a las empresas privadas sin ofrecer garantías de seguridad pública a cambio.

El impacto en su servicio de telefonía

La mayor preocupación recae en los usuarios de prepago, quienes representan más del 83% del mercado. Este segmento es el más vulnerable debido a la alta rotación de líneas y la dificultad para actualizar datos de forma constante. Hasta el momento, el avance por empresa muestra que los usuarios han respondido de forma distinta según su operador:

• AT&T: 29% de avance.
• Bait: 28% de avance.
• Telcel: 19% de avance.
• Movistar: 16% de avance.

Si usted no ha realizado el registro, su línea se encuentra dentro de los 133.4 millones que podrían ser suspendidas permanentemente a partir de julio.

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Cómo registrar su línea y qué necesita

Si desea conservar su servicio y evitar la desconexión masiva, el proceso se puede realizar tanto de forma presencial en los centros de atención como a través de las plataformas en línea de cada operador. Los requisitos básicos que debe tener a la mano son:

• CURP (Clave Única de Registro de Población).
• Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
• Tener su línea activa al momento de realizar el trámite.

Aunque la industria propone que el registro debería ser desechado o modificado profundamente, la normativa actual se mantiene vigente. El riesgo de una parálisis comunicativa en el país es real si no se ajustan los tiempos o el mecanismo de validación en las próximas semanas.

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