Hacienda podrá promover amparos ante resoluciones de delitos fiscales, ¿Qué significa la facultad que la Corte le otorgó?

CIUDAD DE MÉXICO.- — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí tiene legitimidad para presentar juicios de amparo cuando busque impugnar decisiones de jueces en procesos penales federales relacionados con delitos fiscales, como la evasión de impuestos, el contrabando o la defraudación fiscal.

Este criterio fue avalado por la Primera Sala del máximo tribunal, al resolver una contradicción de criterios planteada por la Presidencia de la República.

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La decisión, que obtuvo tres votos a favor y dos en contra durante la sesión del pasado 2 de abril, fue dada a conocer públicamente este lunes.

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Los ministros que votaron a favor del proyecto fueron Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Por su parte, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se manifestaron en contra de esta resolución.

El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat delitos , destacó que los fiscales no solo afectan directamente al erario, sino que también dañan el patrimonio nacional.

Por ello, la Sala consideró que la sociedad tiene derecho a exigir la reparación del daño derivado de estas conductas, mediante la intervención de un órgano especializado como la Secretaría de Hacienda.

Corte reconoce a Hacienda como víctima en delitos fiscales

Asimismo, la SCJN respaldó que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación reconoce expresamente a la SHCP como víctima u ofendida dentro de los procesos penales federales en materia fiscal, con la finalidad de que quienes cometan estos delitos respondan por los daños económicos causados a la nación.

A través de un comunicado, la Corte explicó que la Primera Sala determinó que, si la legislación fiscal otorga a Hacienda la facultad de representar al Estado y actuar de manera activa en estos procedimientos penales, entonces también tiene derecho a promover amparos contra las resoluciones judiciales que se emitan en dichos procesos.

Ello es así, pues a través de ese medio de control constitucional, se permite a la Secretaría restituir el daño ocasionado por la comisión de esos delitos y garantizar el buen funcionamiento del gobierno”, precisa el máximo tribunal.