CFE: El robo de energía y sus consecuencias en el servicio de luz del usuario

MÉXICO-. En lo que va del año, la Comisión Federal de Electricidad ha reiterado su postura enérgica en contra del robo de energía, una práctica ilícita que continúa siendo un problema persistente en diversas regiones del país.

Una practica ilícita en la que nadie sale ganando

Una vez más, la CFE ha utilizado sus medios oficiales, incluidas las redes sociales, para dar a conocer las implicaciones de esta situación y resaltar la peligrosidad que representa tanto para los usuarios como para el bien común.

El robo de energía, también conocido como diablitos o conexiones clandestinas, ocurre cuando una o más personas alteran las instalaciones eléctricas realizadas por la Comisión para obtener suministro eléctrico de forma ilegal y sin pagar por el servicio.

México

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¿Qué consecuencias tiene el robo de energía?

Entre las principales consecuencias del robo de energía se encuentran:

• Afectaciones a la red eléctrica: Las conexiones clandestinas pueden provocar sobrecargas y daños en la infraestructura eléctrica, lo que afecta la calidad y la estabilidad del suministro de energía eléctrica para todos los usuarios.
• Peligros para la población: Las conexiones clandestinas representan un riesgo grave para la seguridad de las personas, ya que pueden provocar incendios, descargas eléctricas e incluso explosiones en los hogares o en las áreas circundantes.
• Aumento de las tarifas eléctricas: El robo de energía contribuye a la pérdida de ingresos de la CFE, lo que puede resultar en un aumento de las tarifas eléctricas para compensar estas pérdidas, afectando así a todos los usuarios que cumplen con sus obligaciones de pago.

Ante estas consecuencias, la CFE ha reforzado sus esfuerzos para combatir el robo de energía, implementando medidas de vigilancia y sanciones más estrictas para aquellos que sean encontrados culpables de esta práctica ilícita.

Asimismo, ha exhortado a la población a denunciar cualquier caso de robo de energía y a colaborar en la construcción de una cultura de legalidad y responsabilidad en el uso de los servicios públicos.