Totalplay, de Ricardo Salina Pliego, quiere alargar el pago de millonaria deuda al SAT

La empresa Totalplay Telecomunicaciones, perteneciente a Grupo Salinas, de Ricardo Salina Pliego, ha presentado un recurso de impedimento contra el Ministro de la Corte Luis María Aguilar, con el objetivo de retrasar el fallo en torno a una deuda fiscal de 646 millones de pesos.

La acción legal surge después de que Aguilar propusiera fallar en contra de la compañía en relación con un amparo contra un crédito fiscal emitido por el SAT en 2015.

En el proyecto presentado por Aguilar, se evidencia que Totalplay habría aplicado indebidamente deducciones, tales como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, pérdidas por cuentas incobrables y diversos gastos, entre otros. La estrategia de impedimento, utilizada recurrentemente por filiales de Grupo Salinas, busca alegar un conflicto de interés por parte del juzgador para retrasar resoluciones judiciales.

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Mientras la UIF ya investiga dos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego por presunto lavado de dinero, Grupo Salinas acusa al gobierno por “acoso y persecución sistemática” asegurando que la empresa cuenta con los “más altos estándares” de cumplimiento financiero

Aunque las razones específicas del impedimento de Aguilar no han sido detalladas públicamente, cabe destacar que este tipo de acciones legales han sido efectivas en el pasado para prolongar juicios fiscales. En 2020, Elektra, otra empresa del Grupo Salinas, logró con éxito un impedimento que retrasó un juicio hasta enero de 2022.

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Totalplay tiene varias deudas millonarias

Es importante señalar que Totalplay también enfrenta otra deuda fiscal de 858 millones de pesos por el ejercicio de 2012. La empresa había ofrecido bienes muebles, incluyendo fibra óptica, licencias y software, como garantía al SAT. Sin embargo, una reforma al Código Fiscal de la Federación, implementada en 2021, limitó la aceptación de bienes intangibles como garantía, dejando pendiente una deuda de 366 millones.

La empresa impugnó esta reforma, y su amparo está bajo revisión en la Corte desde mayo de 2023.