70 minutos de discurso no sustituyen 1,342 páginas

Eduardo Ruiz-Healy

Antier ocurrieron dos cosas distintas. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció en 70 minutos el mensaje político que acompañó su Segundo Informe de Gobierno. Más tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el informe formal impreso que consta de 1,342 páginas divididas en cuatro capítulos.

Los más de 140 datos citados por la Presidenta pertenecen al mensaje, no son todo el informe. Por ello, sería incorrecto concluir después de escucharla que el documento impreso omitió el T-MEC, la violencia contra periodistas o el costo de la reforma judicial. Para saberlo deben revisarse sus 1,342 páginas. Lo que sí puede analizarse es la forma en que ella seleccionó y presentó sus cifras. El documento puede aportar o no las fuentes, series y explicaciones que no cupieron en su discurso.

Casi todas fueron positivas. No debería sorprender porque así actuaron sus antecesores del PRI, PAN y Morena, y así lo hacen mandatarios de todo el mundo. Informes y mensajes tienen un sesgo favorable porque ningún gobernante gana exhibiendo sus errores. La Presidenta no inventó esa práctica y nada permitiría suponer que se apartaría de ella.

En su mensaje mezcló, sin distinguirlos claramente, resultados comprobados, metas futuras, comparaciones escogidas y afirmaciones diversas. Entre los primeros colocó el aumento real de 154% del salario mínimo desde 2018, casi 35,000 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre, 60 millones de personas ocupadas y una disminución de 51% en los homicidios dolosos desde octubre de 2024. También mencionó 63,000 detenidos, 32,824 armas y 519 toneladas de drogas decomisadas, y 2,725 laboratorios clandestinos desmantelados.

Junto a esos resultados presentó metas que aún no se alcanzan: construir 1.8 millones de viviendas, crear 400,000 lugares en preparatorias, incorporar 32,000 megawatts al sistema eléctrico, elevar a 38% la generación eléctrica renovable, instalar más de 12,000 consultorios y reanudar el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico. Deberán medirse cuando lleguen sus plazos.

También eligió años de comparación diferentes. El salario mínimo se contrastó con 2018; las consultas médicas, con 2022; el gasto corriente, con 2024; la inversión extranjera, con 2024 y no con 2025. Las referencias pueden ser válidas, pero cada base modifica la percepción del público.

Varias afirmaciones necesitaron contexto. Dijo que la deuda de Pemex disminuyó 20,000 millones de dólares, sin mencionar cuánto le costó al erario. Aseguró que ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos, pero no presentó un indicador que permitiera comprobarlo. También afirmó que se “desprivatizaron” más de 5,000 millones de metros cúbicos de agua, sin precisar cuántas concesiones cambiaron, quiénes las tenían y a quiénes fueron reasignadas. Muchas respuestas han de estar en el informe escrito.

El trabajo apenas comienza. Los diputados deben comparar objetivos, presupuestos y resultados; la oposición, localizar contradicciones; los periodistas, verificar cifras, y los especialistas, revisar métodos. Un mensaje busca fijar una narrativa. Un informe debe permitir evaluar la gestión. Setenta minutos de discurso no sustituyen 1,342 páginas.

Eduardo Ruiz-Healy

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