Ecosistema integral de amedrentamiento

La semana pasada, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó un informe sobre México que confirma, una vez más, la gravedad del riesgo cotidiano que enfrenta la prensa en el País, sobre todo quienes, con valentía y una admirable dedicación al oficio, ejercen el periodismo a escala local y estatal en algunas de las regiones más violentas. La radiografía es alarmante: Seis periodistas han sido asesinados en México en lo que va de 2026; cinco de ellos en un lapso de apenas dos meses, uno de los repuntes de violencia contra la prensa más graves que el CPJ ha documentado en más de una década. Detrás de las cifras aparece una realidad todavía más grave: La persistencia de una impunidad que convierte cada crimen no resuelto en una invitación al siguiente.

Un par de días después de la publicación del informe del CPJ (que debería haber provocado un periodo de verdadera reflexión y, sobre todo, decisiones concretas para proteger a la prensa) el Gobierno de México decidió aprovechar el máximo escenario político del País para exhibir una lista de periodistas y opinadores incómodos para el régimen. Fue un acto indignante. En el fondo, es la confirmación -una más, por si hiciera falta- de las prioridades del régimen.

No se quedó ahí. En las horas siguientes a la publicación de la lista, la consejera jurídica de la Presidencia recurrió al manual orwelliano, tan querido por el régimen, proclive a su propio “neolenguaje”, salió a explicar que la lista en realidad no era una lista, sino un “ecosistema digital de amplificación”. El Gobierno sugirió también que exhibir desde Palacio Nacional a periodistas críticos no era sino un ejercicio del derecho de réplica dentro de la supuesta “comunicación circular” que inauguró el Gobierno anterior y que éste, como en tantas otras cosas, ha decidido continuar.

Ambas cosas son falsas, por supuesto. La lista no admite eufemismos y la comunicación desde la Presidencia de México no tiene nada de circular. La conferencia de prensa matutina se ha revelado con el paso de los años como un instrumento de propaganda al servicio de una prioridad fundamental del régimen: No informar al público, ni mucho menos debatir en condiciones abiertas con la prensa, sino controlar la conversación pública, desacreditar a las voces críticas y contribuir a un proyecto más amplio de concentración del poder.

Al gremio periodístico le ha tomado demasiado tiempo darse cuenta de lo que a estas alturas debería resultar evidente: El poder en México entiende su relación con la prensa como una confrontación irreductible. La crítica y el ejercicio riguroso, independiente y libre del periodismo derivan de inmediato en animadversión y condena. En la bolsa de los deplorables caben por igual nombres que han sido críticos del proyecto lopezobradorista desde hace años y periodistas que en su momento no sólo fueron cercanos a esa corriente, sino que incluso llegaron a rayar en la complicidad. Ni siquiera a ellos los ha perdonado el régimen. Y no los ha perdonado porque, en el fondo, no hay crítica admisible. Para el poder, la prensa está para aplaudir o para guardar un silencio cómplice. Todo lo demás se interpreta como antagonismo.

El Gobierno optó por dedicar tiempo y recursos a exhibir periodistas antes que a tomarse en serio el informe del Comité para la Protección de los Periodistas precisamente porque su relación con el oficio periodístico parte de esa confrontación irreductible. La elección de prioridades no es accidental: Es deliberada y reveladora.

A la prensa -o al menos a aquella que asume su papel con un mínimo de rigor ético- no le queda más alternativa que ejercer el oficio. Hacer preguntas, investigar, documentar, contrastar, incomodar. Y hacerlo a sabiendas de los enormes riesgos que implica ejercer el periodismo en México, riesgos que alienta el poder.

La suerte estaba echada desde hace tiempo. Ahora ya no hay lugar a dudas. El régimen no gobierna: Impone. Y su método es un ecosistema integral de amedrentamiento.