Enfrentando la corrupción criminal binacional

Ana María Salazar

Esta semana Donald Trump y su pandilla le metieron un gol más al pueblo estadounidense, además de abrir una clara ruta que deben de seguir gobiernos autoritarios y corruptos que busquen mantenerse en el poder: La Casa Blanca finalizó una norma que exime a las empresas y personas de informar quiénes son los propietarios reales de sus compañías ante la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).

Las empresas constituidas en Estados Unidos ya no tienen que reportar información sobre sus propietarios beneficiarios. Si esto no fuera suficiente, esta medida ordena al FinCEN eliminar de su base de datos la información previamente reportada por empresas y ciudadanos estadounidenses. Ciertas empresas extranjeras registradas para operar en Estados Unidos seguirán teniendo obligaciones de reporte, aunque no tendrán que informar sobre propietarios estadounidenses en ciertos casos.

Y aunque la administración Trump sostiene que la obligación de reportar imponía una carga administrativa excesiva a millones de pequeños negocios, básicamente, a partir de hoy, el Gobierno estadounidense no tendrá la mínima idea de quién invierte y quiénes son los dueños de las empresas en EU. Este extraordinario anuncio busca borrar los requisitos creados por la Ley de Transparencia Corporativa del 2021 que publicó la administración de Joe Biden, cuyo objetivo era combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Esta decisión es un gran contraste de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede incluir a personas o empresas en la Lista de Personas Bloqueadas y congelar sus cuentas sin una orden judicial previa, cuando existan indicios de operaciones relacionadas con lavado de dinero u otros delitos financieros.

Obviamente, ante la desconfianza generalizada y la reinante impunidad para funcionarios corruptos, esta decisión, que cambia jurisprudencia de la anterior Corte, ha generado preocupación por el riesgo de abusos por parte de un Gobierno que se ha demostrado dispuesto a perseguir opositores políticos.

En Estados Unidos la política parecería debilitar al FinCEN y su capacidad de perseguir lavadores en EU, mientras que en México se le dio extraordinarios poderes a la UIF para congelar cuentas de corruptos y personas vinculadas a organizaciones criminales que ahora Estados Unidos considera terroristas.

La UIF juega un papel fundamental en la estrategia del Departamento del Tesoro ya que, al subir una persona o empresa a la lista de sancionados, FinCEN proporciona información para que sean congeladas las cuentas bancarias en México.

Además, los individuos sancionados dejan de tener acceso al sistema financiero internacional: Se quedan sin cuentas bancarias y sin acceso al sistema financiero.

Y esto seguramente les quita el sueño a muchos funcionarios, ex funcionarios y banqueros. De no congelarse o cerrar las cuentas de los sancionados, el mismo banco y las instituciones financieras corren el riesgo de también ser sancionados. De hecho, con la sola amenaza de ser investigados y sancionados por el Gobierno de EU: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa dejaron de operar o entraron en procesos de desmantelamiento.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señaló en junio de 2025 por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con organizaciones del narcotráfico.

La sola amenaza fue suficiente. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no le habían proporcionado información ni evidencia que justificara las decisiones del Departamento del Tesoro y de la UIF, el impacto reputacional para estas instituciones fue catastrófico. ¿Qué sucederá cuando FinCEN proporcione información específica sobre ex funcionarios morenistas y posibles candidatos en las elecciones intermedias del año entrante?

De hecho el mismo Donald Trump, su familia y empresas han enfrentado cuestionamientos y violaciones a la ley de lavado. El Banco Capital One cerró más de 300 cuentas bancarias vinculadas a la Organización Trump en 2021 debido a preocupaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero, y no por motivos políticos. El banco señaló que su equipo especializado realizó durante meses un análisis de las cuentas y detectó patrones de transacciones que coincidían con actividades sujetas a revisión conforme a las normas bancarias federales. Capital One sostiene que la decisión se tomó siguiendo sus políticas internas y las regulaciones aplicables.

La Organización Trump y Eric Trump habían demandado al banco en marzo de 2025, alegando que las cuentas fueron cerradas por razones políticas, especialmente después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y que Capital One actuó por una supuesta postura “progresista” o “woke”. Capital One busca que el tribunal desestime la demanda.

Si las instituciones bancarias y las autoridades anti-lavado se mantienen firmes, con credibilidad y probidad todavía hay esperanzas que se persigan a los corruptos y criminales.