Simulación

CASCABEL

México es el país más surrealista del mundo. Afirmación atribuida a André Breton tras su visita a nuestro País en 1938, donde observaba la coexistencia de la solemnidad y lo absurdo, el discurso y la realidad, la legalidad y el espectáculo; un país donde lo extraordinario ocurría a plena luz, sin necesidad de un disfraz.

A casi 90 años de aquella visita, ese surrealismo ha sido sustituido por la simulación: Un sistema que ya no sorprende por sus contradicciones, sino por su capacidad de fingir. Finge gobernar, finge deliberar, finge fiscalizar, finge escuchar, finge comunicar, finge legalidad y finge rendir cuentas. En México, la simulación dejó de ser una anomalía para convertirse en un método de Gobierno.

Jean Baudrillard distinguía entre disimular y simular. Disimular es ocultar algo que existe; simular es aparentar algo inexistente. En la simulación las formas permanecen intactas, pero el contenido desaparece. Ese parece ser el signo de nuestro tiempo: Congresos que legislan sin deliberar, órganos de fiscalización que fiscalizan sin consecuencias, mañaneras que comunican sin informar, organismos intermedios que dicen representar a sus agremiados y terminan sacrificándolos, y gobiernos que administran la percepción más que la realidad.

Las promesas primigenias de todo Gobierno -seguridad, justicia, educación, salud y el monopolio legítimo del uso de la fuerza- requieren una pulcra administración e impecable ejecución de quienes son depositarios temporales del poder público. En el laberinto donde conviven espectáculo, evasión y una fingida ignorancia de la diatriba mañanera, pervive la propaganda como sustituto de gobernar y administrar.

Esta semana Sheinbaum anunció una reforma en materia de feminicidio la cual, en su intención de “cero impunidad”, merece reconocerse. La iniciativa de Ley General marcaría la pauta para homologar la legislación estatal bajo un marco único. Sería la segunda ley general en materia penal de la era Sheinbaum, después de la de extorsión aprobada en octubre pasado, que reforma el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materias reservadas para los estados.

Sheinbaum también anunció su intención de legislar en materia de inteligencia artificial bajo la noble premisa de proteger a menores de edad. Ya existe en Diputados una iniciativa que reforma el artículo 73 en ese sentido -aunque el Congreso no esperó a que se aprobara: En abril reformó la Ley Federal del Trabajo y la de Derechos de Autor en materia de IA sin esa facultad constitucional. Monreal admitió la “falta de pulcritud constitucional”. Esperemos que la convocatoria a un amplio debate sea sincera y no otro diálogo de sordos. Los riesgos de una reforma de esta naturaleza son grandes en libertades fundamentales, innovación tecnológica, competitividad y posibilidades de crecimiento económico.

Legislar desde la emoción, sin el rigor de evidencia criminológica sobre disuasión de la pena, es buscar aplausos fáciles sin atender las causas. Sin el acompañamiento presupuestal que exige la nueva legislación, las buenas intenciones volverán a fracasar, como en otros casos.

No deja de sorprenderme que el Constituyente Permanente, con el aval de las legislaturas estatales, haya validado estas reformas que privilegian el centralismo, socavando aún más un federalismo ya de por sí frágil. Veinticinco congresos estatales aprobaron la reforma en materia de extorsión, y 27 la de feminicidio. Entre ellos, Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas cedieron sin pudor una parte de su facultad legislativa en materia penal a la Federación. Los mismos congresos que, ante los señalamientos a sus gobernadores, tendrían la facultad y obligación de actuar, y que, hasta ahora, han optado por la inacción. Diligentes para entregar facultades; catatónicos ante excesos, inconstitucionalidades y omisiones de sus propios ejecutivos.

Por su parte, los partidos políticos ya están de lleno en un ilegal proselitismo rumbo a 2027. Simulan respetar la ley; el árbitro electoral disimula la rectoría de los procesos. Algunos partidos han prometido incorporar a ciudadanos sin militancia como posibles contendientes. Por lo observado hasta hoy, todo indica que quedará en eso: Una promesa de políticos. La insistencia en presentar como alternativas electorales a quienes ya defraudaron la confianza ciudadana depositada en ellos sólo puede comprenderse como un intento de regresar al poder, los privilegios y el control de la hacienda pública.

A escala nacional, la simulación encuentra en la propia presidenta a uno de sus mejores intérpretes. El lunes 13 de julio, en una misma conferencia matutina, Sheinbaum aplicó dos criterios opuestos frente a dos fuentes externas. Ante la recomendación de la CNDH que exime al Ejército de responsabilidad institucional en el caso Ayotzinapa, se deslindó de inmediato: “No participamos de ninguna manera en el informe... no sabíamos que lo iban a publicar”, declaró, y ordenó a Gobernación revisarlo antes de fijar postura. Esa misma mañana, frente a las declaraciones del ex embajador Salazar sobre el caso Zambada -sin el respaldo de un informe institucional- reconoció que “hay contradicciones” en la versión oficial y exhortó a la ciudadanía a escuchar a Salazar. Un informe oficial recibió desconfianza; el dicho de un ex diplomático, credibilidad. El criterio no parece ser el rigor de la fuente, sino la conveniencia política de su contenido. Una vez más, la forma terminó imponiéndose sobre el fondo.

La simulación como forma de Gobierno no es nueva. La terca realidad termina siempre por imponerse.

Se tropieza con su propia lengua.