Negocio perfecto: Los ‘autos chuecos’

Efecto Multiplicador

Lo peor que le puede pasar a un País es tener una política pública ilegal -aparentemente correcta-, que sea manejada por el Gobierno como instrumento de popularidad.

Lamentablemente en nuestra nación hay varias estrategias de política que con el argumento de ayudar a las mayorías, terminan convirtiéndose en cajas chicas para las autoridades en turno.

Un claro ejemplo de una práctica engañosa es la regularización de los llamados autos ‘chocolate’; vehículos introducidos al País sin cumplir requisitos legales.

Con el plan de apoyar a familias de bajos ingresos, el Gobierno institucionaliza una práctica que erosiona la recaudación, distorsiona mercados y debilita el estado de Derecho.

Desde el 2022, mediante decretos federales, se han regularizado millones de vehículos con una cuota promedio de 2 mil 500 pesos por unidad. Esto ha generado ingresos por miles de millones de pesos destinados, en teoría, a pavimentación.

Pero la aritmética es engañosa; lo que se capta en ventanilla es marginal frente a lo que se pierde por la vía formal. Un vehículo legal paga IVA, aranceles, ISAN y derechos asociados mientras que un ‘chocolate´ regularizado entra al sistema con un pago mínimo, sin compensar la evasión previa ni las distorsiones generadas.

El impacto sobre la industria automotriz es directo.

México es una potencia exportadora, pero con un mercado interno débil.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha señalado reiteradamente que la entrada masiva de vehículos usados irregulares deprime la venta de autos nuevos, afecta el empleo en concesionarias y desincentiva la inversión.

Es competencia desleal en su forma más pura: El Estado compite contra el mercado legalizando así al competidor informal, a la vez que se ‘da un tiro en el pie’ al deprimir los ingresos fiscales.

Pero el problema no es sólo económico, es institucional pues cada programa de regularización envía una señal inequívoca de que incumplir la ley tiene premio.

Quien importa ilegalmente hoy, probablemente será regularizado mañana. Así se construye un incentivo perverso que alimenta redes de intermediación opacas y abre espacios para prácticas ilícitas.

No es que el Gobierno cree mafias de los ‘autos chuecos’; es que las vuelve rentables.

Este fenómeno tiene su geografía; los estados de la frontera Norte como: Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, concentran la mayor parte de estos vehículos.

No es casualidad que se dé tal ‘invasión’; es clave la cercanía con Estados Unidos, menores costos de adquisición y una larga historia de tolerancia. Pero el problema ya se desbordó hacia el interior: Sinaloa, Zacatecas, Durango, Michoacán y Jalisco muestran una presencia creciente de ‘vehículos chuecos’.

Lo que empezó como una válvula regional hoy es un mercado nacional.

Las externalidades provocadas por los ‘chuecos’ (afectaciones a la población en general) son igual de graves.

La flota ‘chocolate’ es antigua, con estándares ambientales más bajos y mantenimiento irregular. Los resultados son más emisiones y más accidentes.

En un País donde padecemos altos índices de inseguridad, la capacidad de identificar y seguir vehículos es importante. Debilitar ese registro tiene costos en seguridad pública que rara vez se contabilizan en los balances oficiales.

¿De qué tamaño es este negocio? Las estimaciones más prudentes lo ubican entre 3 y 4 millones. Con valores promedio de entre 40 mil y 80 mil pesos, el mercado alcanza fácilmente cientos de miles de millones de pesos.

Es una economía paralela que compite con el sector formal, sin cumplir sus obligaciones.

El argumento político-social de que millones necesitan movilidad barata, es real, pero la respuesta ha sido equivocada. En lugar de diseñar políticas de financiamiento accesible, transporte público eficiente o incentivos a la renovación de flota, se ha optado por regularizar la irregularidad.

Es el camino corto: Políticamente rentable, económicamente costoso.

Hay, además, un problema de coherencia; el mismo Estado que promueve la atracción de inversiones para fortalecer las cadenas productivas en el País, envía simultáneamente una señal de flexibilidad normativa en el mercado interno. La inversión exige certidumbre; la regularización masiva de lo ilegal envía el mensaje contrario.

Por tanto, México necesita una política automotriz integral, seria y efectiva con alcances de mediano y largo plazo, no ocurrencias de alcances populares muy cortoplacistas.

Eso implica fortalecer la inspección en aduanas, cerrar espacios a la importación ilegal, diseñar esquemas de crédito para sectores de bajos ingresos y mejorar el transporte público. Esto con el fin de recuperar la consistencia del Estado; que la ley se cumpla, que no se negocie cada sexenio, y para ello, debe eliminarse el negocio perfecto de la ilegalidad tolerada.

Javier Villegas Orpinela es presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

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