Una bomba para Morena

Juegos de poder

Qué golpe le ha propinado el Gobierno estadounidense al mexicano de Morena.

La Cancillería ya recibió el pedido para extraditar al Gobernador de Sinaloa, un senador de ese Estado, el alcalde de Culiacán y seis funcionarios y ex funcionarios más.

La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado un documento que narra algo de lo que nunca se habla en México, es decir, la protección política y policiaca del crimen organizado.

Si el Gobierno de Shienbaum entrega a los indiciados al vecino del Norte, ya sea extraditándolos o ilegalmente expulsándolos como hizo con 92 criminales de alto perfil, se arriesga a que lo acusen de entreguista.

Si no los entrega, se arriesga a que un comando militar estadounidense venga a territorio nacional y se los lleve, tal y como hicieron con Maduro en Venezuela.

No está fácil la decisión para la Presidenta.

Ayer, el gobernador Rubén Rocha tuiteó: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

El mensaje está claro, sobre todo para los “liderazgos emblemáticos”: Yo no voy a caer solo.

El fiscal estadounidense presentó a un Gran Jurado el caso para denunciar formalmente a 10 políticos y mandos policiacos mexicanos implicados en una conspiración para traficar drogas (fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina), proteger al Cártel de Sinaloa (en particular la facción de “Los Chapitos) y facilitar sus operaciones.

El Gran Jurado resolvió que sí existen pruebas suficientes para acusar a los indiciados.

El documento de la fiscalía presenta una narrativa coherente y detallada de la estructura del cártel, los papeles específicos que desempeñaron cada acusado y los mecanismos de corrupción.

La investigación parece sólida con múltiples fuentes.

Hay datos precisos, por ejemplo, de los sobornos. Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa, recibía 200 mil pesos al mes; Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, 300 mil; Alberto Jorge Contreras, su sucesor, también 300 mil; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía de Sinaloa, 100 mil. Juan Valenzuela, ex comandante de la Policía de Culiacán, 30 mil pesos. Las autoridades estadounidenses tienen las listas del cártel con los nombres y montos demostrando, así, la red de corrupción.

La acusación narra, también, los avisos de operativos y la protección activa a los miembros del cártel. Se acusa que los funcionarios informaban a los criminales de cateos y redadas, lo cual les permitía destruir o mover la evidencia, así como evacuar las drogas y el personal.

No sólo avisaban, actuaban para proteger al cártel: No arrestaban a miembros armados, liberaban a detenidos, ordenaban no intervenir, permitían el transporte de drogas, dejaban pasar químicos e incluso ayudaban en secuestros, además de detener y entregar a los enemigos del cártel, un informante de la DEA, por ejemplo. En este rubro, la acusación no presenta audios, mensajes o documentos originales completos, lo cual sugiere que la evidencia proviene de testigos protegidos del Gobierno estadounidense.

Interesante es la denuncia de intervenir en las elecciones locales de Sinaloa. El cártel habría apoyado a los candidatos de Morena a cambio de recibir protección después.

Los líderes de “Los Chapitos” habrían ordenado a sus miembros y ciudadanos a votar por ciertos candidatos, amenazado o intimidado a opositores, robado boletas y, en general, manipulado todo el proceso electoral. La Policía habría recibido órdenes de no intervenir frente a las irregularidades el día de la elección.

Esta acusación tampoco incluye grabaciones, documentos originales y/o evidencia directa verificable. De nuevo, parece venir de testigos protegidos e informantes.

Al haber sido declarados los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, la ley estadounidense otorga jurisdicción extraterritorial a los fiscales de ese país.

El caso parece bien armado en su narrativa, con mucha investigación y el testimonio de testigos protegidos. Se percibe sólida.

La acusación más grave es contra Rocha por el cargo que desempeña. No recuerdo que Estados Unidos haya denunciado a un funcionario en funciones de tan alto rango. Al Gobernador de Sinaloa lo acusan de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De resultar culpable podría ser objeto de una pena mínima de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

¿Lo entregará la Presidenta?

De ser así, ¿se irá solo al matadero o involucrará a alguno de los “liderazgos emblemáticos” del movimiento?

Leo Zuckermann

X: @leozuckermann