2027: Se define éxito o fracaso de Trump en México

ANA MARÍA SALAZAR

Durante la presente semana, la estrategia de sanciones adoptada por el Gobierno de Estados Unidos se ha consolidado como un instrumento fundamental en su política exterior y de seguridad nacional hacia México. La evaluación de la eficacia de dicha estrategia está prevista para finales de 2027, coincidiendo con los resultados de las elecciones intermedias en México. Los objetivos principales abarcan la persecución y desmantelamiento de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes y migrantes, la ruptura de vínculos políticos y empresariales con estas entidades, la identificación y monitoreo de personas y organizaciones que facilitan la operación de estos grupos clasificados como terroristas por Estados Unidos, así como la transformación de la relación bilateral, evolucionando de un enfoque en temas comerciales y de seguridad pública a una alianza orientada hacia la seguridad nacional y los intereses estratégicos de la administración Trump.

El sistema de sanciones penales, administrativas y comerciales implementado por Estados Unidos no constituye una novedad; sin embargo, durante el último año, se han observado decisiones unilaterales que limitan la cooperación bilateral en materia comercial y generan repercusiones políticas para el Gobierno de México. En administraciones previas, dichas consideraciones formaban parte integral de las negociaciones bilaterales, promoviendo la colaboración y la gobernabilidad en México, aunque con altibajos según el contexto político.

Actualmente, Estados Unidos utiliza el conjunto de sus mecanismos de sanciones con mayor rigor. Para el Gobierno mexicano, así como para diversos actores políticos, empresariales y sociales, existe el riesgo de ser sujetos de restricciones migratorias, congelamiento de activos en Estados Unidos, prohibición del uso del sistema financiero internacional, cierre de cuentas bancarias en ambos países, extradiciones o entregas extrajudiciales a autoridades estadounidenses. Asimismo, gobiernos, empresas o individuos pueden enfrentar consecuencias reputacionales tanto a nivel nacional como internacional, afectando también a sus familiares y allegados.

Es previsible que empresas, grupos y personas aleguen la injusticia de las acusaciones y las decisiones unilaterales del gobierno estadounidense, señalando posibles violaciones a derechos procesales y humanos, debido a la falta de transparencia en la presentación de pruebas y evidencia.

En la última década, la infiltración de organizaciones criminales en múltiples niveles de la sociedad mexicana ha incrementado su control territorial y capacidad operativa, resultando en una escalada de homicidios, desapariciones, extorsión y violencia generalizada. Ante este panorama, la llegada de Donald Trump a la presidencia implica un cambio de estrategia: Estados Unidos empleará todos sus recursos comerciales, económicos, financieros, políticos y militares contra distintos sectores mexicanos, relegando los principios de soberanía y diplomacia que tradicionalmente regulaban la relación entre ambos países.

Esta semana vimos varios ejemplos del uso estratégico del sistema de sanciones y persecución penal del gobierno estadounidense: el Departamento del Tesoro sancionó a 27 personas y entidades, enfocados a la familia Grupo Hysa, quienes habrían utilizado su control sobre negocios en México -incluidos casinos y restaurantes- para lavar ganancias del cártel de Sinaloa. También esta semana Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, con una cercanía pública con políticos de Morena, particularmente con el actual Gobernador de Tamaulipas y varios legisladores. Además, fue señalado Raymundo Ramos, por encabezar la campaña de desinformación del CDN bajo la fachada de activista de derechos humanos. En este mismo anuncio se informó que otros dos casinos en Tamaulipas fueron vinculados a este mismo cártel. El Departamento de Justicia también tuvo su anuncio de un caso de corrupción bajo el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), donde un empresario petrolero, Alfonso Wilson, se le acusa de pagar un soborno millonario a un directivo de Pemex Exploración y Producción, para adjudicar un contrato. Este ex funcionario es Javier Núñez López, uno de los operadores financieros más cercanos de Andrés Manuel López Obrador y actualmente alto funcionario en el Infonavit.

Unas horas antes de enviar esta entrega, el Departamento de Estado anunció la ampliación de una política de restricción de visados dirigida a ciudadanos del hemisferio que apoye o facilite “gobiernos adversarios, sus agentes o empresas, participen en actividades que socaven los intereses de Estados Unidos”, facilitando la adquisición de activos estratégicos por potencias adversarias (China, Rusia, Cuba, Irán, Venezuela) y que desestabilicen esfuerzos de seguridad, afecten intereses económicos estadounidenses o impulsen operaciones de influencia que erosionen la estabilidad y la soberanía de los países del hemisferio. Esta medida seguramente resultará en una revisión de los vínculos políticos y comerciales de mexicanos con individuos de estos países.

El éxito o el fracaso de esta agresiva estrategia de sanciones dependerá, en parte, de los resultados de las elecciones intermedias en el 2027: ¿Cuál es el perfil de funcionarios electos, quien conforma el gabinete y si se redujo vínculos políticos y empresariales con organizaciones terroristas o países antagónicos a Estados Unidos?