Señala Cedhbc desatención de la PGJE en desaparecidos

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene una deficiente investigación en casos de víctimas de desaparición forzada, señala la Comisión Estatal de Derechos Hechos (CEDH) en su última recomendación, la cual retoma seis incidentes presentados en los últimos tres años.

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En el documento dado a conocer la tarde de ayer, establece que hay una inadecuada procuración de justicia, indebida diligencia y violación al derecho humano a la verdad, referentes a 12 expedientes, en agravio de 33 víctimas, que son personas en calidad de desaparecidas y sus familiares.

Agrega que las desapariciones documentadas son de 2003 a la fecha, de las cuales seis ocurrieron de 2015 a 2018, siendo hombres entre los 19 a los 34 años.

Entre los casos retomados por la Comisión para emitir la recomendación están las desapariciones de tres hombres de 22, 24 y 36 años, ocurridas en 2015, así como otros tres casos registrados durante 2016.

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Ante la falta de resultados en las investigaciones, agrega, se “cuenta con elementos suficientes para acreditar que las autoridades adscritas a la PGJE, señaladas como responsables, vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la adecuada procuración de justicia, a la debida diligencia, a la verdad, así como el interés superior de la niñez.

“Se hace patente la necesidad de que el Estado cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas, investigar los ilícitos que se cometan para identificar a los responsables y lograr que se impongan las sanciones pertinentes, así como proporcionar a las víctimas del delito un trato digno, solidario y respetuoso”, añade.

La demanda

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por Melba Olvera, indicó que debido a la falta de investigación se le demanda a la procuradora General de Justicia del Estado, Perla de Socorro Ibarra Leyva, que personas a su cargo establezca contacto con las familias de las personas desaparecidas para que se les brinde la atención psicológica, psiquiátrica, tanatología, médica y social, así como orientación jurídica necesaria y gratuita.

Además que realice las acciones necesarias a fin de que se les repare a las víctimas el daño de manera integral, indica.