Crecen niños en ambientes de violencia

La ola de violencia que se vive en el Estado ha arrastrado a miles de menores de edad, como protagonistas de delitos graves, como homicidios y secuestros, pero también los ha tenido como víctimas fatales.

Los datos de las autoridades estatales establecen que cada vez son más los jóvenes que mueren de manera violenta en Baja California.

Sin embargo, en contraste cada vez se reduce más el número de menores de edad que son procesados y recluidos en un centro de tratamiento de la Entidad.

De acuerdo con especialistas en la materia, esta situación es el saldo a dos años de la entrada en vigor la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, tema que se aborda en la primera parte de este reportaje.

Faltaban unos meses para que Fernando cumpliera los 18 años de edad. Completamente bajo el influjo de la metanfetamina atacó a su papá cuando lo increpó en el interior de su domicilio. Primero fue a golpes y luego utilizó unas tijeras con las que le asestó cerca de 30 puñaladas.

Tras el homicidio, durmió unas horas cerca del cuerpo de su padre, y a la mañana siguiente, salió a casa de su novia, en el fraccionamiento Hípico, vistiendo aún su ropa ensangrentada.

Al llegar al domicilio de su pareja, una joven estudiante de preparatoria, justificó las manchas de sangre en su ropa como producto de una pelea en la calle.

Pero en el transcurso del día, Fernando terminó por confesar el crimen y ella lo amenazó con denunciarlo. La reacción del homicida fue golpear y asfixiar a su novia con una almohada hasta quitarle la vida.

“No sé cómo explicarlo, las cosas sucedieron así, quiero aclarar que conscientemente no hubiera hecho nada de eso, es algo de lo que me voy a arrepentir toda la vida”, manifestó Fernando desde la celda donde está recluido.

Ataviado en un pants gris y una playera blanca, mueve sus manos, en momentos, de manera nerviosa durante la plática.

Asegura que toda la pesadilla comenzó cuando empezó a desobedecer a sus papás y luego con el consumo de mariguana, pastillas, “ice” y alcohol.

Es uno de los internos de mayor antigüedad en el Centro de Tratamiento para Adolescentes (CTA) en Mexicali y aunque no se ha beneficiado con las nuevas reformas a la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes, en febrero del próximo año recobrará su libertad al cumplir su sentencia.

A poco más de dos años de entrar en marcha la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el saldo ha sido de menos jóvenes en prisión, menos causas penales a los juzgados, más jóvenes criminales en libertad y falta de cumplimiento de las sentencias.

La población penitenciaria en los CTA en todo el Estado se redujo drásticamente. En Mexicali, de llegar a tener hasta 958 internos, hoy solo tiene 27, y Tijuana, de tener 558 en el 2011, hoy tiene también 27 internos.

Además, desde la reforma de 2016, un 76.4% de los adolescentes convictos logró beneficiarse con la libertad y un 68% de esta misma población penitenciaria logró su libertad del CTA de Tijuana, de acuerdo a cifras del Sistema Penitenciario Estatal.

Así como la población penitenciaria se ha reducido con esta reforma, las causas penales que se turnan de la Procuraduría General de Justicia a los Juzgados para Adolescentes en Baja California también han disminuido exponencialmente.

Existen casos en los que adolescentes criminales y sentenciados son liberados para ir a la escuela o acudir a un tratamiento, pero tampoco se les puede obligar a hacerlo.

“No se adapta a una realidad social de México”, admite el juez de Control de Justicia para adolescentes Álvaro Castilla Gracia, “esto ha traído una gran inconformidad y no solo aquí, es a nivel nacional”.

Aunque el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario reconoció que es posible rehabilitar y reinsertar a un joven delincuente en el plazo de cinco años, dijo que en muchos casos los jóvenes sentenciados ni siquiera llegan a pisar el Centro de Tratamiento para Adolescentes.

David Limón Grijalva aseguró que muchos de los detenidos “prefieren estar adentro”, pero el recluirlos implica violar la Ley, pues esta se los prohíbe y contempla otras medidas, como el arresto domiciliario, que no se acerquen a las víctimas, que estudien o trabajen.

“Queremos modernizarnos jurídicamente, pero materialmente no hay esas condiciones”, señaló Álvaro Castilla Gracia, juez de Control de Justicia para Adolescentes en Baja California.

Actualmente son más los jóvenes que reciben sentencias en externación, es decir, no privados de su libertad.

Además, la nueva ley no obliga a los padres del menor a pagar la reparación del daño y dispone que será el propio adolescente el que deba pagar con su trabajo, dinero o bienes propios, de acuerdo a su artículo 60.

Castilla Gracia señaló que existen dificultades para emitir una sentencia bajo esta ley, pues se eliminaron los estudios interdisciplinarios que arrojaban una noción sobre cuánto tiempo requería un menor delincuente para reinsertarse apropiadamente.

Ahora, imponer la pena es resultado del debate de la fiscalía y la defensa. “Llegan aquí muchos jóvenes que no saben de respeto, algunos con formación difícil de trabajar y muchos no quieren trabajar en ello”, expresó el juez.

Muchas de las víctimas o los ofendidos han visto esta impunidad.

“Se pregunta la gente, al final de todas las vueltas, de toda la tramitología, las audiencias, ¿qué obtuve yo? Ahí es donde nos preocupa que no hay efectividad.

“Antes los jóvenes veían gobernabilidad en el sistema de justicia y hacían lo posible por no caer ahí”, dijo.

Con la experiencia de dos años y testigo de la inefectividad de la Ley, Castilla Gracia sugirió que los diputados y senadores entrantes revisen la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Una de las propuestas que, dijo, deberían considerar, es que la reparación del daño se traslade de nueva cuenta a los padres de los menores delincuentes, para así obligarlos a cuidar de ellos y sus conductas.

Flanqueado por un custodio y del director del Centro de Tratamiento para Adolescentes, Fernando nos recibe en el lugar donde ha estado desde hace más de ocho años, sentenciado por un doble homicidio.

Detrás de este crimen que conmocionó a Mexicali a principios de 2010, se encuentra una historia de adicción a las drogas.

La metanfetamina le dejó una afectación a nivel cerebral. En términos llanos, padece de esquizofrenia secundaria. Medicado es como cualquier joven de 26 años. Sereno, activo, lúcido, articulado.

Ha intentado salir en libertad a través de la preliberación, pero en todas las audiencias el juez ha determinado que debe continuar su tratamiento en reclusión.

Fernando desertó de la preparatoria en segundo semestre, para poder andar en la calle con sus amigos. Aunque consiguió un trabajo, no duró en él y señala que fue por las malas amistades.

“Aquí fue un cambio radical; llegué con mentalidad entorpecida, no miraba más allá y conforme va pasando el tiempo te das cuenta de cosas, le eché ganas en las terapias y terminé la prepa, ahorita estoy estudiando carrera de derecho en línea, quiero ser abogado penalista”, dice.

“Quiero apoyar a personas que estén en riesgo de cometer delitos y dar mi testimonio de vida a la sociedad”, añade Fernando con un semblante entusiasta.

“Yo afuera llevé una vida desordenada y sin límites (…) no sé cómo explicarlo, las cosas sucedieron así; quiero aclarar que conscientemente no hubiera hecho nada de eso, es algo de lo que me voy a arrepentir toda la vida y llevo el peso encima”, manifestó.

Año Mexicali Tijuana Ensenada

2018* 4 6 2

2017 26 32 32

2016 104 244 78

2015 147 696 109

2014 145 584 118

2013 192 595 220

*Cifras durante el primer trimestre del año