Seguridad pública

Según un acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según publico la agencia EFE en mayo del 2020: “que Ejército y Marina nacionales realizaran “tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional”, cuerpo de seguridad creado en marzo de 2019 para tareas de seguridad, integrado por agentes de las Policía Militar, de Marina y de la extinta Policía Federal.

En el cual se estableció que, “durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.

Además de que “en materia de Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo”.

En el acuerdo publicado este día se señala que “la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado”, por lo que “resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado”.

Ante ello “se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Alfonso Durazo) para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”.

Esto en lo que respecta a prevención del delito, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, cumplir con los requisitos legales para una detención y colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección.

Además se advirtió que el trabajo de los militares dentro de la Guardia Nacional debe respetar los derechos humanos.

Yo no quiero resaltar que diversas organizaciones de derechos humanos manifestaron su descontento, ni que el acuerdo ha generado incertidumbre jurídica y en toda la población, tampoco que el personal ya activo desconozca que pasara con su empleo una vez que sean relevados de sus funciones.

El proceso del acuerdo avanza, actualmente ya se encuentran en el área de capacitación, mientras las dudas aumentan.

El problema actual es que no se respetan los derechos humanos y las arbitrariedades son notorias en el campo de la seguridad, hoy tenemos actividades por parte de los militares en áreas de búsqueda de elementos materiales delictivos, trabajo de escenarios donde se comete algún delito, procesamiento de los indicios, etc., y cuando ya tienen todo avanzado llaman a el personal de la Guardia Nacional; esta realiza en conjunto el Informe Policial Homologado y manifiestan que ellos participaron, aunque no sea verdad.

Cuanto nos costara el aprendizaje del personal, para integrar la guardia Nacional y no me refiero a la inversión que es muy grande; creo que tendremos un retraso mayor en actividades en seguridad pública, sin la garantía que funcione de una manera ideal para el país. Esta película ya la vivimos y no aprendemos.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.