REPSE: Pagan justos por pecadores

La carga de contratar empresas prestadoras de servicios especializados y obras especializadas (REPSE) se ha vuelto muy pesada para las empresas cautivas y cumplidas.

Como ustedes saben, hace más de dos años entró en vigor la reforma que prohibió la subcontratación de servicios de personal, comúnmente conocida como outsourcing, ya que ese esquema se prestaba a abusos y evasión, a pesar de los esfuerzos que llevaban a cabo las autoridades laborales y fiscales.

Al día de hoy, la ley prohíbe radicalmente el outsourcing cuando se trate de la actividad principal de cualquier empresa o negocio; y únicamente permite el de servicios especializados y obras especializadas distintos a la actividad principal, bajo ciertas condicionantes.

Esa misma ley ha pasado parte de la vigilancia del cumplimiento de las condicionantes a las empresas que los contratan, convirtiéndose en una enorme carga para ellas.

En esta columna hemos hablado bastante de los incrementos salariales y de las reformas que propicien una mejor calidad de vida para los trabajadores y de que todo eso ha sido en gran medida con cargo al patrón y no al erario.

Del mismo modo, hemos comentado de la reforma que se aprobó para rescatar las pensiones del seguro social y de que gran parte de su costo incurrió a cargo de los patrones.

Pues como ven, este tema del outsourcing no es la excepción. Una vez más se castiga al contribuyente visible que contrata a esas empresas registradas ante el REPSE con gran parte de la carga administrativa, amén de la responsabilidad solidaria.

Es decir, si usted contrata a una empresa de limpieza para su negocio, y esa empresa no paga las cuotas al seguro social, usted las tiene que pagar. Peor aún, además, debe usted vigilar que esa empresa cumpla con todo lo relacionado con el Registro de empresas prestadoras de servicios especializados (REPSE). Como si no fuera suficiente la carga administrativa que conlleva el contratar a sus propios empleados.

Y efectivamente, esa es la idea, que alguien se haga responsable de garantizar los derechos de los trabajadores, ya que el trabajador no tiene la culpa de que contratista y contratante no se pongan de acuerdo o se desentiendan de sus obligaciones.

Cabe recordar que esa responsabilidad solidaria ya existía en la anterior legislación, sin embargo, las condiciones y la enorme carga administrativa no era tanta como hoy.

Como siempre, por pecadores pagan justos y las empresas cumplidas que generan empleos formales son las que terminan no solo pagando, sino también en este caso fiscalizando a las empresas medianas y pequeñas que les prestan servicios de suministro de personal, convirtiéndose en verdugos del cumplimiento.

Pero bueno, alguien tiene que ver por los derechos de las personas trabajadoras y hacerse responsable de cuidar que todas y cada una de esas personas bajo su disposición tengan garantizados sus derechos a los servicios de salud amparados por la Ley del Seguro Social, así como el derecho a una pensión de retiro, e incluso a un crédito de vivienda.

Esperamos ver que todos estos cambios en verdad logren su cometido, y que los proveedores de servicios medianos y pequeños poco a poco pasen a la formalidad y a la contribución proporcional y equitativa tan necesaria en nuestro país y que no se produzca el efecto contrario.

*- La autora es Contador Público Certificado especialista en Seguridad Social.