¿Qué está detrás?

Por el derecho a la libertad de expresión.

Cada vez tenemos menos posibilidades, como nación, de sorprendernos por la profusión de ilegalidades que roen nuestros intentos por ser mejores ciudadanos. Día tras día conocemos nuevos hechos que minan la incipiente tendencia hacia hacer de manera correcta las cosas. Los funcionarios de cualquier nivel ejercen un poder inconmensurable y cambian a su antojo las leyes. Los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se ejercen sin que medie la mínima prudencia de respetar la ley. Nuestro país está a un paso de que la anarquía sea la que defina nuestra conducta general. Cuando como ciudadanos no estamos en posibilidades de argumentar en nuestra defensa alguna ley, y es el funcionario quien arbitrariamente determina los límites de la legalidad algo que es cotidiano, se corroe más nuestra inseguridad. 

Ejemplos de cómo los tres poderes minan nuestra dinámica social hay muchos, y cada día aparecen más. Esta semana fue detenida por la Interpol en Alemania, bajo los cargos de lavado de dinero proveniente de la empresa Odebrecht, la Sra. Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya -ex director de Pemex. A su hijo se le acusa de haber hecho un sobrepago de 620 millones de pesos por la empresa Fertinal, también existe otra acusación por haber recibido 10.5 millones de dólares producto de un soborno de Odebrecht. Si la señora es extraditada a México no podrá ser encarcelada porque ya tiene un amparo que la protege. El caso de Carlos Romero Deschmaps, quien ha sido líder del Sindicato de los Petroleros durante 26 años, que se enriqueció estratosféricamente y ha sido denunciado penalmente, también obtuvo la protección judicial contra su detención. Estos son solo dos ejemplos de millonarios protegidos, contra millones de proletarios a los cuales se les aplica todo el poder de la ley.         

En cuanto al poder legislativo ejemplo negativo es el del Congreso del Estado que arbitraria, ilegal e inmoralmente aprobó cinco años de gobierno a Bonilla, cuando la decisión de nosotros los bajacalifornianos fue que debería de estar dos años. La forma tan poco ética de cómo Bonilla defiende la decisión de los diputadetes en su beneficio, es deshonesta. Con argumentos de que no les pusieron una pistola para que votaran a favor, entre otros igual de elementales, no oculta quién fue el verdadero impulsor de esta arbitraria reforma constitucional. Los diputadetes votaron furtivamente contra la decisión del electorado. Por eso es correcto etiquetarlos como traidores.

Lo peor es que el Presidente de la República, de manera vergonzosa, protege la ilegalidad y argumenta en contra de quienes nos oponemos a que se haga común la violación a nuestra constitución, por quienes juraron protegerla y perfeccionarla. El mismo López Obrador es sujeto obligado para defender la Constitución General y las particulares de los estados, porque así lo exige su cargo. En un país con dobles estándares como el nuestro, cualquier violación a la legalidad es como echarse otro taco. Es tan común ser objeto de arbitrariedades, que el respeto a la ley se ha vuelto una excepción. Cuando un funcionario hace lo correcto, que es algo extraordinario, no lo creemos. Por cierto, lo peor de la corrupción en el país se encuentra en los juzgados.  Vale.  

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.