Pagando piso

En el país sudamericano de Chile existe una tradición popular, que es el destinar el primer sueldo ganado a festejar con la familia, compañeros de labores y amigos’ esta tradición es muy diferente al tema de hoy, y que es un problema en nuestro país, más asentado en algunos estados que otros, también se da en nuestro estado de B.C. y particularmente en Tijuana, estamos hablando del llamado “Cobro de piso”.

Es uno de los delitos en los que se han diversificado los grupos delincuenciales, y que les representa mayores ganancias y menores riesgos debido a que es considerado como un "delito silencioso" por la forma en la que se da y la poca denuncia que presenta por parte de las víctimas, es el llamado cobro o "derecho de piso", una modalidad extorsiva directa que afecta, sin importar su tamaño, a todo tipo de empresarios.

El derecho de piso consiste en la exigencia a una empresa, por parte de algún operador, supuestamente del crimen organizado, de una cantidad económica con el objeto de garantizar la integridad física de una o varias personas de la organización, de la continuidad del negocio, o para proporcionarle protección respecto de otros grupos delincuenciales o, incluso, de la misma competencia.

Por su puesto que la problemática, al grado que agencias de seguridad, grupos empresariales, agrupaciones contra la delincuencia, etc. hablan de la prevención, opciones para minimizar los daños, qué hacer ante una situación de esa índole; tienen manuales de seguridad que dan cuenta con esa dinámica.

También saben que al momento de negarse a las exigencias criminales algún comerciante o empresa desde ese momento forman parte de la lista de lugares que tienen que pagar derecho de piso al crimen organizado. El negarse puede traer diferentes consecuencias: homicidio, secuestro o quema del negocio.

Por eso llama la atención que el Fiscal General de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, informó que los grupos delincuenciales están enfocados en el trasiego de droga y en revanchas contra otros grupos de la delincuencia organizada y no al cobro de piso contra ciudadanos o empresarios.

Reconoció que durante este año tienen algunos casos detectados, de los cuales se abrió carpeta de investigación. Debido al seguimiento y a las investigaciones se logró la detención de una célula que se dedicaba a estos cobros bajo amenazas. Entonces si existen.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, de cara a la violencia desatada bajo su demarcación, lo aceptó y pidió al crimen cobrar a quienes les deben, no a las familias, refiriéndose abiertamente al cobro de piso y venta de protección.

Hablar de cifras de este delito, es hablar únicamente de la punta del iceberg, considerando que la cifra negra en el país y la ciudad es abrumadora, incluidos en ella, de forma particular, los cobros por derecho de piso.

Es decir, se reconoce la existencia de la actividad criminal, pero se minimiza por las instituciones de seguridad y eso es irresponsable; para atenderlo de frente primero tienen que reconocer esa realidad, sin mentir a la sociedad.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.