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Nuestras expectativas

Por el derecho a la libertad de expresión.

Por el derecho a la libertad de expresión.

Esta semana comenzaron a funcionar prácticamente los nuevos ayuntamientos en todo Baja California. Las actuales autoridades nos dijeron que vienen con las miras altas y que serán un gobierno diferente que beneficiará a la gente. Para nosotros es una nueva etapa que muy probablemente contenga los mismos ingredientes de las otras: corrupción, actos abusivos de gobierno, inseguridad, violencia desencadenada y fuera de control, incapacidad para atender los principales problemas ciudadanos de urbanización especialmente la recolección de basura, entre muchísimos más.

Por lo pronto a los nuevos alcaldes y alcaldesas no se les mira la talla suficiente para cambiar cuestiones problemáticas añejas que padecemos. Por ejemplo, los asuntos negativos que diariamente nos ofrecen las corporaciones policíacas seguirán siendo el pan de cada día. Estas dependencias se han ganado a base de esfuerzo personal y de la corporación, el que tengamos una opinión negativa de ellos. Desde mi punto de vista no hay un solo agente policiaco, de cualquier orden de gobierno, que respete los derechos humanos constitucionales, y que no considere que ellos son la ley, que sienta que el marco jurídico existe a partir de ellos y no de los derechos individuales de los ciudadanos. Honestamente, no veo ni el interés ni la capacidad para que se modifique esta situación en el largo plazo. En menos de lo que canta un gallo, los nuevos ayuntamientos estarán inmersos en la corrupción y se volverán participantes. Al tiempo.

Por otro lado, los actos de corrupción denunciados en este espacio y en otros periódicos del estado, seguirán siendo impunes. Por ejemplo, la corrupta ex alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes, no movió un dedo para denunciar o darles seguimiento a las denuncias contra Javier Ignacio Urbalejo Cinco, ni contra César Moreno González de Castilla, por peculado, enriquecimiento ilícito y muchos otros delitos por los cuales se aportaron pruebas suficientes para que, al menos, los hubieran investigado. 

Todos los ex funcionarios de las administraciones que se van deben ser fiscalizados en todos y cada uno de sus actos de gobierno, especialmente los relacionados con el gasto corriente, porque es la única forma como se les pueden comprobar conductas contrarias a la legalidad. Es una realidad innegable, que cada contrato que infiera el uso de recursos financieros tiene una posibilidad de que sea amañado. Por lo tanto, debieran contrastarse las declaraciones patrimoniales iniciales y finales de los funcionarios salientes, para que se determine la congruencia de estas, con su situación financiera actual. 

Hemos visto cómo, sin ninguna vergüenza, quienes terminan sus períodos gubernamentales alardean de su posición económica, gastando e invirtiendo como nunca lo hicieron. La experiencia nos dice también que no serán objeto de ninguna investigación porque los encargados de la lucha contra la corrupción están siendo administrados por sujetos de la misma calaña que solo los protegerán. Por consiguiente, nada nuevo obtendremos con estas administraciones que comienzan. Son la misma gata nomás que revolcada. La mayoría de los bajacalifornianos no tenemos ninguna expectativa de los nuevos administradores de nuestras ciudades. No creemos en ellos porque serán iguales a los que se van. Vale.   

* El autor es Lic. en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

 

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