Mantenimiento

Toda obra debe ser bien proyectada, bien construida y adecuadamente mantenida para que cumpla, durante su vida útil, con su función específica. Si bien es cierto que un buen proyecto debe minimizar las tareas de mantenimiento, no existe ninguna obra que esté exenta de ellas. En particular, para la obra pública (que se construye con recursos del Estado y debe servir a la sociedad), ese mantenimiento tiene mayor importancia por varios motivos, entre los que se encuentran dos como los más importantes: la funcionalidad y la durabilidad. Una obra mal mantenida deja de servir adecuadamente al poco tiempo; como ejemplo más representativo, podemos mencionar las escuelas y los hospitales, los sistemas de transporte colectivo y las vialidades, por el gran impacto social que provoca su mal funcionamiento. El aspecto de la durabilidad (al igual que la funcionalidad) vale para todas las construcciones. Se puede ver con claridad en los caminos: una ruta bien conservada, con pequeñas inversiones, se mantiene en buenas condiciones de servicio durante mucho tiempo. Si se la abandona, el deterioro progresivo obliga a realizar grandes inversiones y también se acorta su vida útil. El mantenimiento de las obras debe realizarse para que se conserven en buenas condiciones de servicio. No debe limitarse sólo a reparar los deterioros, sino también atender a las causas que los provocaron. Los distintos presupuestos del Estado deberían tener definidos los procedimientos (protocolos) de esos trabajos de mantenimiento, que deben establecer las tareas a realizar y la manera más directa y lo menos burocrática posible, de ejecutarlas. En circunstancias como las actuales (de escasos recursos económicos) los funcionarios públicos deberían dar prioridad absoluta al mantenimiento de las obras sobre la ejecución de obras nuevas, privándose por un tiempo de los tan difundidos cortes de listón. La funcionalidad y durabilidad van de la mano del mantenimiento de la obra. En términos del desarrollo económico, social y productivo, la inversión pública constituye uno de los pilares del crecimiento de un país. Una adecuada infraestructura facilita a la sociedad el acceso a los servicios de salud y de educación, así mismo asegura el tránsito eficiente de personas y el traslado de insumos y mercancías. Es un factor clave para superar la marginación y la pobreza. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece que, “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados y los Municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Asimismo, señala que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública… a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Los recientes eventos sucedidos en el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México evidencian la irresponsabilidad de los funcionarios que participaron en el proceso de licitación, adjudicación, construcción y operación de la línea 12, un sistema de transporte cuyo costo de operación está muy por arriba de lo que pagan los usuarios del mismo, es imposible que se le dé el mantenimiento adecuado, el cual no se debe confundir con el hecho de barrer y trapear los pisos, en los últimos 30 años con un populismo a ultranza los diferentes funcionarios y jefes de gobierno han permitido que ese sistema de transporte esté a punto del colapso con las consecuencias sociales que ello conlleva. Al final y como siempre lo barato sale caro.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.