Influencias

Vaya escándalo el que se ha armado en Rosarito, luego de que la hija del compadre de la alcaldesa Araceli Brown, Hugo Chávez Magaña, a la sazón Director de Desarrollo Económico Social, no tuviera empacho de prestar a su hija el carro oficial que le fue asignado, para que fuera a la lavandería, como si se tratara de un auto de uso privado.

Algunos aseguran que la cosa no es para tanto, pero otros más quisquillosos consideran que esto sólo es una muestra de lo que se permite en el gobierno de la alcaldesa Araceli Brown, claro, si eres uno de sus allegados.

Quizá lo más grave en este asunto, es que no se sabe a estas alturas cuántos funcionarios se aprovechan de la amistad de la Alcaldesa, para hacer y deshacer con bienes que son pagados por todos los rosaritenses.

El no robar, no mentir y no traicionar, parecen al menos en Rosarito letra muerta, pues estrictamente apegado a reglamento ningún funcionario debería robar, utilizando un auto que se abastece y mantiene con recursos públicos, para uso personal, mentir sobre el uso del auto que se le confía y que debía estar bajo su estricto resguardo y traicionar, la confianza que se les otorgó.

Los más críticos, en son de broma, aseguran que están haciendo fila para ser el próximo compadre de la alcaldesa, pues parece ser que el título pesa más que ningún otro.

Reitera amistad con Gobernador

En este espacio, el viernes le comentábamos de algunos priistas que están en el consejo político de su partido y que están muy ligados a la 4 T, lo que tiene temerosos a otros militantes del tricolor.

Pues bien, se hizo mención a Samuel Ramos Flores, quien se comunicó a esta redacción para hacer unas precisiones.

Aclaró que no se encuentra en la nómina morenista, aunque sí, él y los amigos que integran la “4ta Vía” manifestaron su apoyo a Jaime Bonilla Valdez para ganar la gubernatura.

Reiteró que tiene una gran amistad con el Gobernador, pero no recibe una remuneración del Gobierno.

Darán batalla

Tras la confirmación de la reforma constitucional para desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado, en el Poder Judicial del Estado se vieron varias caras largas.

Había la esperanza de que al menos tres Ayuntamientos mostraran rechazo a ese cambio a la constitución local, para que el mencionado Consejo prevaleciera, pero más aún, para mantener intacta la carrera judicial de quienes aspiran a ser, algún día, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por sus conocimientos y méritos, no por el “dedazo” de un gobernante.

Así que en cuanto se confirmó la reforma constitucional, en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, empezaron dar los últimos toques a la controversia constitucional que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echarla abajo.

Dicen los enterados que desde hace varios días está listo el documento y ha sido analizado minuciosamente con la finalidad de dar los argumentos suficientes para que el máximo tribunal del país, a cargo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, les de la razón.

Claro que mientras ocurre ese proceso, que regulamente en la SCJN puede llevar unos diez meses, la reforma entrará en vigor, desaparecerá el Consejo de la Judicatura, la administración y vigilancia del Poder Judicial quedará a cargo de unidades administrativas y, lo más importante, al menos cuatro magistrados serán nombrados en ese periodo por el Ejecutivo, porque estarán disponibles las vacantes de los ex magistrados Félix Herrera Esquivel, Marco Antonio Jiménez Carrillo, Víctor Manuel Vázquez Fernández, y a partir de enero la de María Esther Rentería Ibarra.