Guardia militar por decreto

El anuncio realizado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia “mañanera” ha sido visto como preocupante por varios especialistas en derecho y defensores de los derechos humanos. Y es que el Presidente reveló que por decreto va a pasar a la Guardia Nacional a la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aun cuando la Constitución Federal, en su artículo 21, establece claramente que “la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de Seguridad Pública”.

Es decir, con su decreto el mandatario nacional está brincando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Abogados consultados ven esta decisión Presidencial como algo digno de un sistema autoritario y dictatorial, no de un sistema democrático.

Según López Obrador tomó esa decisión para adelantar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, al margen de la propuesta de reforma constitucional en el mismo sentido que es analizada en el Congreso de la Unión, porque está seguro que el llamado “bloque opositor”, es decir los legisladores del PRI, PAN, PRD e incluso Movimiento Ciudadano, la van a rechazar cuando sea sometida a votación.

Asegura el mandatario que con su decreto para pasar la Guardia Nacional a la Sedena no es violatoria de la Constitución.

Eso dice él, pero quienes tienen la facultad para decidir si es o no violatoria son los Tribunales Federales.

Lo que sigue ahora después de este “albazo” presidencial es que alguien promueva una controversia constitucional o amparos ante los Tribunales Federales. Ahí están los grupos empresariales, como la Coparmex o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, incluso grupos de colectivos de búsqueda de personas o defensores de derechos humanos. Nada más que deben recordar que tienen quince días hábiles para promover los amparos tras la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, por ser un tema de notorio interés donde está la Constitución de por medio, los amparos pueden ser atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde firma aún como presidente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Así que habrá que ver si los ministros analizan el caso del decreto de AMLO para poner a la Guardia Nacional a depender de la Sedena.

MATAN A ABOGADO

Digan lo que digan las autoridades, la percepción de inseguridad va en aumento y más por los crímenes de alto impacto en los municipios de Baja California.

Ayer, los balazos segaron la vida de un abogado penalista Tijuana. Óscar Francisco Aguirre Rubio fue abatido por desconocidos dentro de su despacho en la avenida Los Charros, en la colonia Sandoval, a unos pasos de la Penitenciaría de la Mesa.

Este crimen viene a meter ruido a aquello de la “pacificación” del País y a la estadística reciente presumida por el Gobierno Federal en el sentido de que lograron bajar unos cuantos puntos porcentuales de homicidios.

La muerte del abogado no debe quedar en la impunidad como otras agresiones a personas de ese gremio, como el asesinato de la abogada Tania Pizarro Herrera perpetrado en diciembre de 2021 dentro del despacho donde laboraba, e incluso el atentado en el que resultó herido el abogado Cuauhtémoc Castilla Gracia perpetrado el mes de agosto también del año pasado.

Así están las cosas.