Deja seguridad para ex director

Ayer le comentábamos en este espacio que el Ayuntamiento actual retiró las escoltas del ex secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor, y ex el director de la Policía, Mario Martínez, siendo que por tradición en estos cambios se les dejaba aunque sea algún elemento unos tres meses.

Pues parece que el único que sí recibirá protección por al menos tres meses después de abandonar su cargo es el comandante Mario Martínez.

El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, reveló que se designarán dos escoltas a Martínez Martínez, así como un automóvil blindado.

Sin embargo, no destinó la misma seguridad al ex titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.

El presidente municipal aseguró que Sotomayor recibió una gran cantidad de dinero como parte de su liquidación, por lo que, de solicitar escoltas, deberá pagarlos.

Mujeres al poder

Con la entrada al poder de las alcaldesas en Baja California, este Estado se convierte en el primero en el que el 60% de sus alcaldías son encabezadas por mujeres.

Y es que de los cinco municipios, tres son gobernados por féminas: Marina del Pilar, primera alcaldesa por votación en Mexicali; Zulema Adams, en Tecate, y Araceli Brown, por Rosarito.

Comentan que la inicialista de la reforma para garantizar la paridad horizontal fue Laura Torres, cuando fue diputada local.

Ahora, ella suena para ser precisamente la que encabece al Instituto Estatal de la Mujer en el Estado, donde seguramente seguirá buscando mejorar las condiciones de las mujeres.

Nueva directora

Y hablando de mujeres, la doctora Laura Alicia Camarillo Govea fue designada como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, en sustitución de Luis Sandoval Figueroa.

De acuerdo con su currículum, estudió en esa facultad en la generación 1995-1999, estudió la Maestría en Asuntos Internacionales, además es Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Inconformes

Donde ha empezado a crecer la inconformidad es en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo del procurador Cristian Colosio Lule, por varias situaciones donde han afectado al personal de la Policía Ministerial del Estado (PME).

La primera situación que ha causado molestia es la remoción de Édgar Salazar, quien era coordinador de la Unidad de Investigación de Robos de Vehículos.

Desde el año 2013 la incidencia de robo de automóviles no había descendido en Mexicali, pero cuando Salazar se hizo cargo de esa área, los reportes de unidades robadas descendieron a menos de 200 al mes en la capital del Estado.

Luego está el caso de una agente de la corporación asignada a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, quien fue “grillada” por empleadas de la fiscalía hasta que los jefes decidieron removerla a otra área.

Pero el caso de mayor preocupación para la tropa es el desarme de varios agentes operativos, los que día a día se enfrentan en las calles a los criminales.

Resulta que el Centro de Control y Confianza (C3) envió un oficio a Jorge Martínez, encargado de las armas de la PME, donde según comentan sin respetar formalidades, ordena quitar las armas a diversos agentes que presuntamente no pasaron los exámenes sicométricos.

Uno de los agentes desarmados estuvo asignado al puerto de San Felipe donde trabajó para desmantelar a una peligrosa banda, pero al tocar intereses resultó hasta amenazado. Incluso su hijo fue lesionado a balazos al ser confundido con su padre.

Luego lo regresaron a Mexicali y curiosa y peligrosamente es desarmado, aun cuando lo traen realizando traslados de detenidos. Con esa acción tomada por órdenes “de arriba”, prácticamente dejan al agente indefenso y se convierte en blanco fácil.

En las indiscretas paredes de la PGJE se comenta que el desarme de varios agentes puede ser para orillarlos a renunciar.