Al banquillo en EU

La captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero demuestra dos cosas: 1.- Los gringos sí tienen memoria, y 2.- No parece ser casualidad que la aprehensión del fugitivo se haya realizado apenas 72 horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Casa Blanca.

Fue en agosto de 2013 cuando el narcotraficante líder del cártel de Guadalajara quedó libre por orden de un Tribunal Federal, tras haber cumplido 28 años en prisión. Sin hacer mucho ruido dejó el penal y desapareció del mapa.

Cuando las autoridades de Estados Unidos se dieron cuenta ya era demasiado tarde, porque se les fue de las manos el acusado del asesinato del agente de la DEA, el cachanilla y naturalizado estadounidense Enrique “Kiki” Camarena Salazar, el 7 de febrero de 1985, en Guadalajara, Jalisco.

Los estadounidenses lo reclamaban para pagar en ese país por la muerte de “Kiki” Camarena, agente encubierto en México que antes de ser ejecutado fue torturado cruelmente.

Fue tal el escándalo por la liberación en 2013 de Caro Quintero que en noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo el amparo concedido por el Tribunal Federal y fue ordenada la reaprehensión.

Ahora, cuando el presidente López Obrador se ha negado sistemáticamente a atacar a los cárteles e incluso capituló ante el cártel de Sinaloa en octubre de 2019 y liberó a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, se da el golpe con la captura de Caro Quintero tres días después de la reunión entre el mandatario mexicano y el estadounidense Joe Biden. Es por ello que se dice que en esas reuniones en público hay sonrisas para la foto, mientras que en privado se dan los jalones de orejas. Ahora sí no hay manera de que el poderoso narcotraficante se escape de sentarse dentro en el banquillo de los acusados en una Corte federal de Estados Unidos, puesto que perdió el juicio para evitar su extradición.

Lo interesante es lo que viene tras la aprehensión de Caro Quintero, sobre todo en el estado de Sonora, donde tiene una gran área de influencia en el crimen organizado y una fuerte disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes buscar un pedazo más grande del pastel que representa el territorio mexicano para sus ilícitos negocios.

¿Cuál austeridad en Rosarito?

Aquella frase de “mátalas callando”, aplica muy bien al Ayuntamiento de Rosarito, pues muchos de sus empleados van por su segundo aumento salarial en este año.

Si bien tales aumentos no se presupuestaron en el ejercicio fiscal para este 2022 que fue aprobado por el congreso del Estado, se sacó un as de la manga, realizando transferencias de partidas para taparle el ojo al macho, la justificación que se dio para el primer aumento fue la socorrida frase de “un ajuste salarial”, porque el nuevo tabulador se los permitía, por supuesto creado por ellos.

Este incremento incluso alcanzó al cuerpo edilicio, los regidores pues, y funcionarios de primer nivel que según dijo la alcaldesa Araceli Brown, era del 12%, al menos para este cuerpo colegiado.

El pasado jueves, de nueva cuenta se aprobó un aumento salarial, que va desde el 9% hasta el 18.5%, ello eso sí, con la justificación de que por fin se pagará como se debe, el Impuesto Sobre la Renta

(ISR), es decir, que lo que se retiene por ese impuesto es el monto del incremento al salario.

En resumen, para que los empleados no se vean afectados, se elevó su salario pues según se dijo, ganarán exactamente lo mismo, tras la retención, pero dinero es dinero y lo cierto es que el presupuesto para el pago de nómina se ha incrementado no una, sino dos veces en tan solo estos meses del 2022, llámese como se quiera llamar