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Abogados ‘ahorcados’

A medida que pasan los días de contingencia sanitaria por la pandemia, el trabajo se ha acumulado en los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles, Penales y en las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

A medida que pasan los días de contingencia sanitaria por la pandemia, el trabajo se ha acumulado en los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles, Penales y en las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

En toda la entidad, los abogados litigantes ya no sienten lo duro, sino lo tupido, porque mientras los tribunales funcionen a la mínima capacidad, el trabajo para los jurisconsultos disminuye, así como sus ingresos.

Desde el inicio de la pandemia hubo varios litigantes que al quedarse sin trabajo tuvieron que recurrir a préstamos e incluso a las despensas otorgadas por el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, u otros funcionarios o representantes de elección popular.

Dicen que para el gremio esto es insostenible, pero nadie alza la voz para exigir al Poder Judicial del Estado buscar la manera de aumentar la capacidad de los Juzgados, pero protegiendo la salud tanto de los trabajadores como de los justiciables.

Y es que para los funcionarios judiciales, empezando por Fragozo López y demás magistrados y Consejeros de la Judicatura que reciben su sueldo de 110 mil pesos mensuales es fácil tomar decisiones desde el escritorio.

Pero no es lo mismo para quienes en realidad tienen que buscar el sustento diariamente en los Juzgados, porque si no hay movimiento en los asuntos no hay ingresos.

Abogados en aprietos comentan que sería bueno que el Poder Judicial del Estado busque la forma de agilizar la justicia, porque aun con pandemia cabe el dicho de que la justicia retrasada es justicia denegada.

Por cierto, llama la atención que las agrupaciones de abogados en la entidad no reclamen la agilización de la justicia no sólo en los tribunales estatales, sino también en el Poder Judicial de la Federación, lo que se presta a malas interpretaciones.

10 meses del cierre

Son ya prácticamente diez meses los que lleva cerrada la frontera, limitada al cruce de ciudadanos y residentes, así como de pases a actividades esenciales.

Para nadie fue sorpresa que hace unos días primero el Gobierno de México pidió que siguiera el cierre y luego el gobierno de EU confirmó que continuaría.

Esta medida arrancó el 21 de marzo del 2020 y se ha ido postergando mes con mes.

Hay quienes desde hace tiempo vienen manejando que podría ser en marzo cuando se dé la reapertura, sin embargo aún no hay nada oficial.

En ambos lados de la frontera, en California y Baja California se encuentran en riesgo máximo en los semáforos epidemiológicos.

En el caso de San Diego, los restaurantes solo están operando para llevar, a diferencia de los municipios de BC donde si reciben comensales, aunque con aforo restringido.

Los bares están cerrados en ambos lados, así como los parques y centros de diversión.

Las tiendas y centros comerciales se mantienen abiertos, pero con medidas sanitarias.

Las tiendas de San Diego no dejan entrar sin cubrebocas, aunque no manejan lo del tapete sanitizante y pocas toman la temperatura de quienes ingresan.

Una luz de esperanza se ve con el inicio de aplicación de la vacuna, pues en ambos lados ya arrancó primeramente con el personal de salud que está al frente de la atención de los pacientes de coronavirus.

Habrá que esperar las medidas que se tomen cuando se reaperturen las garitas, pues al menos por vía aérea, Estados Unidos ya adelantó que pedirá prueba de coronavirus.

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