En la red

Tal parece que las campañas políticas no son ni siquiera el motivante para que nuestros gobernantes estén al menos una vez del lado del pueblo, las personas “de a pie” que tiene necesidades reales como preocuparse por su casa, su comida, la seguridad personal y la de sus hijos, necesidades que en ocasiones, desee la cúpula se cree que no existen, pero viéndolas terrenalmente sabemos que existen.

Desde el 2016 existe una moratoria para que en el caso de Tijuana, no se apruebe la instalación de gaseras en el territorio, desde hace varios años es conocido que la “mafia” de los energéticos ha puesto el ojo en la ciudad y hemos visto cómo proliferan las llamadas “gaseritas” que son instalaciones de venta y distribución de gas en puntos que la mayoría de las veces se encuentran en perímetros donde es arriesgado que existan este tipo de instalaciones.

Empresas como Blue Propane Tijuana han buscado la manera de vender miles de metros cúbicos de gas al día, significando un riesgo para la población, es difícil poder responsabilizar a una sola persona de la creación de éstas bombas de tiempo en la ciudad, pero ciertamente es culpa del XXII Ayuntamiento de Tijuana que no se clausuren las más de 20 “gaseritas” que han sido instaladas en el presente trienio.

De acuerdo con las leyes mexicanas, tanto el gobierno a nivel federal como estatal han hecho lo propio para evitar la instalación de estos sitios de venta de inflamables, sin embargo, los propietarios de éstos sitios han visto en la autoridad municipal ser permisiva con este tipo de irregularidades a grado tal que aun existiendo una moratoria, es decir que la ley no lo permite, autoridades municipales si han expedido permisos que resultan ilegales.

Sin ninguna facultad para expedir un permiso de uso de suelo para la venta y distribución de gas y otros combustibles, en el 2017, un año después de que se publicara la moratoria, Corina López Zúñiga, entonces jefa del Departamento de Usos de Suelo y Ricardo Alfonso Guereña Castro, jefe del Departamento de Edificación del mismo Ayuntamiento han sido investigados por expedir permisos ilegales a las “gaseritas”.

Anteriormente se tenía contabilizados al menos 18 casos, mismos que están bajo investigación en la Sindicatura Municipal, sin embargo, actualmente se tienen identificadas al menos 23 gaseritas que han sido instaladas en el presente trienio, más allá de estar o no en contra de estas instalaciones, lo cierto es que dentro de los

mismos expedientes y mediante testimonios de los afectados, se ha demostrado el peligro que significa para los vecinos, tener una gaserita cerca de su casa.

En casos más extremos, se tiene medida la distancia que hay entre algunos de estos puntos de venta de gas, cercano a guarderías, centros escolares y otro tipo de instalaciones que por ley está prohibido instalarlas cerca. Pues, sin un afán alarmista, existen estudios que comprueban el impacto que pudiera tener un siniestro si un día las instalaciones son vulneradas ante una posible explosión o incendio.

¿Qué espera la actual administración municipal para actuar y clausurar todas las gaseras que no tengan permiso y operan ilegalmente en la ciudad? Lo peor del caso es que ningún ciudadano de a pie, de esos que son los afectados, puede atreverse a salir a vender afuera de su casa comida o hasta chicles, porque al día siguiente se llena de inspectores de reglamentos para clausurarle y meterle terror.

¿Por qué no se actúa con esta severidad y rectitud en contra de gaseras como Blue Propane? ¿Omisión, complicidad, ignorancia, corrupción o ya de plano cinismo?

*El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico.